Pobreza Cero es un movimiento estatal que pretende implicar a todos los sectores de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de una forma urgente, definitiva y eficaz.

Más de 70 mil personas y muchas organizaciones se han sumado a Pobreza Cero y se organizan de forma autónoma en cada localidad.

Somos autonómicos y locales

Pobreza Cero está compuesta por una red de plataformas autonómicas y locales. Todos los años nos movilizamos y participamos en las actividades que se llevan a cabo en torno al 17 de octubre. Todas las acciones se coordinan desde las plataformas de acción autonómica y locales de Pobreza Cero y que puedes contactar aquí.

Somos internacionales e imparables

Formamos parte de la Llamado mundial contra la pobreza, o GCAP por sus siglas en inglés, una amplia coalición internacional en la que participan millones de personas en más de cien países. Pobreza Cero promueve en España los esfuerzos de esta coalición internacional. Está formada por: coaliciones ya existentes, ONG nacionales e internacionales, grupos comunitarios, sindicatos, personas individuales, familias, grupos religiosos, activistas, etc.

Compromisos para no dejar a nadie atrás

Protección social

Las políticas públicas de protección e inclusión social son una de las formas más efectivas para atajar las desigualdades, frenar el incremento de la pobreza y la exclusión. Nuestra propuesta consiste en reducir la brecha de inversión social existente con respecto al resto de la Unión Europea, hasta alcanzar un mínimo del 30% del PIB, adecuando los planes de estabilidad europea a este criterio.

Proponemos

  • Ampliar las inversiones en educación y en medidas eficaces para la protección de la infancia, para reducir el desfase con la media europea.
  • Incrementar las inversiones en sanidad y garantizar una sanidad pública, gratuita y universal sin discriminación por razón de nacionalidad, origen o de cualquier otro tipo
  • Recuperar los presupuestos para las políticas para la igualdad de género y los planes contra la violencia de género.
  • Ampliar las medidas de protección del desempleo y la inserción socio-laboral.
  • Elevar la renta mínima de inserción, cumpliendo la Ley de prestación de ingresos mínimos o renta mínima garantizada.
  • Cumplir la ley de dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la misma.

Cooperación para el desarrollo

Los Estados tienen una responsabilidad de cooperar internacionalmente y dar asistencia para compensar las capacidades, recursos e influencia de otros Estados. Tienen además el deber de ayudar a la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en otros países, ya  sea por las razones que fuere. Este compromiso ha sido renovado por la comunidad internacional, incluido el Estado español, con la firma en 2015, de la Agenda 2030. La cooperación al desarrollo debe ser genuina, es decir, debe estar orientada a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa de los bienes públicos globales y tiene que estar desligada de intereses comerciales, de seguridad y de control de fronteras.

Proponemos
  • Recuperar el presupuesto de cooperación para el desarrollo en todos los niveles (estatal, autonómico y local) en línea con el compromiso con el 0,7% de la renta nacional bruta, y el 0,7% de los presupuestos autonómicos y locales. La recuperación debe poner el foco en la ayuda humanitaria, la educación para la ciudadanía global, los programas de género, el cumplimiento de la Agenda 2030 y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil.
  • Aumento significativo de la ayuda humanitaria. Ésta debería alcanzar el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo

Justicia fiscal como medida garantizar la redistribución

Las políticas fiscales son la principal herramienta que tienen los Estados para financiarse. Un sistema fiscal progresivo es la herramienta más importante a disposición de los gobiernos para luchar contra la desigualdad. El fraude fiscal y las prácticas fiscales injustas erosionan. Por tanto, las políticas públicas sociales, ambientales y, en consecuencia, la calidad democrática de un Estado además tiene consecuencias directas en la pobreza y la desigualdad. Es necesario que las políticas públicas sociales de protección e inclusión se financien a través de un sistema tributario justo y de medidas redistributivas. El fraude fiscal y la elusión fiscal siguen representando más del 9% del PIB del Estado español. Las grandes fortunas y grandes empresas siguen pagando proporcionalmente muchísimo menos de lo que les corresponde.

Proponemos
  • Aprobar una ley contra el fraude fiscal que apunte hacia la erradicación de los paraísos fiscales y la lucha contra la evasión de capitales y contra la corrupción.
  • Que el impuesto sobre las transacciones financieras se destine para financiar de forma adicional las políticas públicas sociales.

¿Hablamos?







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