Contratación pública sin paraísos fiscales

Las empresas tienen muchas formas de contribuir al desarrollo de las sociedades en las que operan. Una de ellas, fundamental, es reconociendo los impuestos que pagan como una medida de esta contribución social. Evidentemente, no se trata de que paguen lo máximo que puedan en impuestos, sino que no busquen artificios o estratagemas para minimizar lo que pagan, con los paraísos fiscales como piezas claves para llevar a cabo estas prácticas.

Y es que cuando una empresa desvía beneficios hacia paraísos fiscales, lo hace buscando pagar lo menos posible en impuestos, en detrimento de lo que debería pagar allí donde lleva a cabo su actividad económica. Lamentablemente, la mayoría de estas prácticas no son ilegales, ya que se aprovechan de disfunciones y ambigüedades en los sistemas fiscales y en la libertad de circulación de que disfrutan los capitales a nivel global.paraisos

Estas prácticas causan un grave perjuicio a todos los países, ya que les merma su capacidad recaudatoria. Y eso provoca que cuenten con menos recursos para poder financiar políticas sociales que traten de corregir las desigualdades y aliviar a las personas en situación de vulnerabilidad.

Las posibles soluciones a este problema pueden venir desde varios frentes. La acción política internacional, a nivel OCDE o UE, tiene que establecer medidas para acabar con los paraísos fiscales y sancionar a quienes hacen uso de ellos. Sin embargo, los pasos que se están dando en esta dirección son todavía muy lentos y aún tenemos que comprobar que hay una voluntad decidida de resolver este problema.

Por otro lado, las empresas de forma voluntaria pueden apostar por ser fiscalmente responsables. En cambio,  vemos que en España las principales empresas, las del Ibex-35 como muestra representativa, tienen presencia en paraísos fiscales (en 2014 todas las empresas del Ibex tenían filiales en paraísos fiscales, con una total de 891, un 10% más que el año anterior), lo que denota que este compromiso voluntario aún está lejos de ser real.

A pesar de ello, las empresas pueden encontrar un incentivo potente para desistir de operar con paraísos fiscales si ven que eso les resta oportunidades de negocio. Y las administraciones públicas, a través de sus concursos de contratación, son un cliente muy importante que podría exigirles cambios en esta dirección. Efectivamente, la contratación pública mueve una nada desdeñable proporción de actividad económica, en torno al 20% del PIB en España. Así que si las administraciones incluyen criterios en sus políticas de contratación para penalizar a aquellas empresas con presencia en paraísos fiscales, estas empresas tendrán que decidir qué les compensa más.

Por ello, el 25 de octubre Oxfam Intermón lanza la campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales que promueve que los ayuntamientos, incluyan en sus reglamentos de contratación clausulas para que las empresas con presencia en paraísos fiscales con fines de elusión fiscal tengan más difícil beneficiarse de contratos públicos. Hasta el momento, 25 ayuntamientos de todo el Estado se han comprometido con esta causa. Entre ellos destacan Barcelona, Sevilla, Málaga y Zaragoza pero hay bastantes más, e incluso Comunidades Autónomas, como Cataluña, Aragón,  Navarra y Castilla La Mancha. Se pueden consultar los territorios, ya sean ayuntamientos o Comunidades Autónomas, que se han declarado Libres de Paraísos Fiscales, así como toda la información de la iniciativa en la web www.zonaslibresdeparaisosfiscales.org.

Por eso, invitamos a que más ayuntamientos, y más administraciones públicas, se sumen a esta iniciativa y demuestren que desde el nivel local se pueden plantear medidas para luchar contra grandes desafíos globales, como son los paraísos fiscales. Y es que una contratación pública libre de paraísos fiscales es una contratación pública comprometida con las personas y la lucha contra las desigualdades.

Miguel Alba Ruiz-Morales, Oxfam-Intermón

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CIErre ya: ¡migrar no es un delito!

Ayer nos despertábamos con la noticia de que alrededor de 60 personas recluidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, se habían amotinado y pasado la noche en el tejado para reclamar de forma pacífica su libertad[1]. Según la Campaña Estatal por el Cierre de los CIES, el amotinamiento estaría relacionado con la falta continuada de atención sanitaria a enfermos, que además habrían sido expulsados del país a pesar de presentar cuadros febriles complejos[2].

La noticia era el mal denominado “motín” pero no debería ser así. Lo que debería cubrir los noticieros del día es que en España hay mas de 6.900 personas[3] privadas de libertad, retenidas contra su voluntad en Centros de Internamiento por haber cometido una falta administrativa. ¿Seria España un Estado de Derecho, que respeta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si mantuviera internados a 7.000 españoles por hechos como no disponer de un pasaporte actualizado o no tener un domicilio fijo? No, no lo sería y la sociedad e instituciones españolas reaccionarían vehementemente contra semejante atropello.

La falta de atención sanitaria, el maltrato a las personas internas y las malas condiciones de los centros son un problema común en los CIE españoles. Todos ellos han recibido denuncias reiteradas no sólo por la inadecuada e insuficiente asistencia médica, sino también por la falta de acompañamiento jurídico, la existencia de malos tratos o la vulneración del derecho de asilo con expulsiones a terceros países de personas potencialmente solicitantes de asilo, que desconocen que lo son porque nadie les ha informado.

Algunos casos, como en el del CIE de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria, se encuentran en antiguas instalaciones penitenciarias que quedaron obsoletas por incumplir con las condiciones necesarias de habitabilidad[4]. Otros han tenido que cerrar temporalmente por deficiencias en las instalaciones, como el CIE de Zapadores, en Valencia,  por una plaga de chinches o  el CIE de Zona Franca en Barcelona, que ha reabierto en medio de polémicas por carecer de la licencia de actividad apropiada y por no respetar las normas contra incendios[5].¿No seria noticia de primera plana y motivo de indignación nacional que 7.000 españoles estuvieran hacinados en estas condiciones y sin acceso a comunicaciones y asistencia jurídica, bajo la tutela del Ministerio del Interior?

Uno de los pilares de cualquier democracia es que la privación de la libertad de los seres humanos debe ser algo absolutamente excepcional y estar vinculada a un delito penal y no a un trámite administrativo. El artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIEs establece que el ingreso y estancia en los centros tiene una finalidad preventiva, orientada únicamente a “garantizar la presencia del extranjero durante la tramitación del expediente administrativo y la ejecución de la medida de expulsión, devolución o regreso”[6]. ¿Nos parecería proporcional y justo que para la tramitación de un expediente administrativo, por ejemplo, nuestro carnet de conducir, se nos mantuviera detenidos? Y si además de esta medida, una vez transcurrido el plazo de dicha tramitación -fijado en un máximo de 60 días-, no se hubiera podido resolver el expediente ni ejecutarlo. En su último informe, el Servicio Jesuita a Migrantes planteaba que en el CIE de Zona Franca se constató que el 24% de los internos visitados ya habían sufrido un internamiento anterior, lo que implica que la devolución o expulsión no se realizó[7]

La realidad es que estas situaciones se mantienen y no son noticia porque las personas afectadas son personas extranjeras racializadas y porque los CIEs son espacios opacos e invisibilizados -se encuentran a las afueras de las ciudades y, en ocasiones, sin ni siquiera un letrero que los identifique-, en los que no se ha permitido ni se permite la entrada a periodistas, representantes políticos o administraciones locales. Sólo en algunos de los CIEs se admite la entrada a ONG y asociaciones para realizar visitas a las personas internas, lo que implica graves dificultades para el monitoreo del cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de los recluidos.

La realidad también es que la política de los CIE viola directamente derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos[8], la Carta Fundamental de los Derechos de la Unión Europea[9] o la Constitución Española[10]. Como el derecho a la libertad o a la  protección de la salud y la garantía de la asistencia médica. La realidad es que una sociedad democrática que calla antes semejantes violaciones de Derechos Humanos contribuye a minar sus propios valores e instituciones. Finalmente la realidad y lo que debería ser noticia es que las personas que se han rebelado en Aluche ayer, hace unos días en el CIE de Zona Franca[11] y en el CIE de Sangonera la Verde, en Murcia[12], por mencionar algunos casos, son activistas y defensores de los Derechos Civiles que nos recuerdan que migrar no es un delito sino una parte intrínseca de la historia de la humanidad, y ha de ser tratada como tal. El cierre de los CIE no es una opción, es simplemente el único camino posible para una sociedad democrática.

¿A qué estamos esperando?

Ana Alcalde, Celia Serrano y Jara Henar, Alianza por la Solidaridad

[1] https://www.diagonalperiodico.net/libertades/31934-medio-centenar-internos-se-amotinan-cie-aluche.html

[2] https://ciesno.wordpress.com/2016/10/19/la-dignidad-no-puede-ser-encerrada-en-un-cie/

[3] Datos extraídos del Informe Vulnerables vulnerabilizados. Informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes (SJMe) sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros en España 2015, en http://www.sjme.org/sjme/item/815-2016-09-18-07-03-41. Pero podrían ser más. La opacidad existente alrededor de los CIEs impide la comprobación de las cifras exactas

[4] Informe CIE y Expulsiones Exprés. Informe anual sobre los CIEs 2014, SJMe, en http://www.sjme.org/sjme/item/794-cie-y-expulsiones-expres

[5]  http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/colau-ordena-cierre-del-centro-extranjeros-zona-franca-5252129

[6] Real Decreto 162/2014 ya citado, en https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf

[7] Informe 2015 ya citado, en http://www.sjme.org/sjme/item/815-2016-09-18-07-03-41

[8] Artículo 25 DUDH, en http://www.un.org/es/documents/udhr/

[9] Artículo 35 CFDUE, en http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

[10] Artículo 43 CE, en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229

[11] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/19/catalunya/1476862067_490956.html

[12] https://www.diagonalperiodico.net/global/31773-fuga-cie-centro-internamiento-extranjeros-murcia-cierre-condiciones-irregulares.html

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La cigüeña en el psiquiatra

La cigüena estira sus patas kilométricas sobre el diván y se presiona los ojos. Un suave ruido de plumas llena la habitación. El psiquiatra la escucha atentamente mientras toma notas…

«Se piensa que hacemos un viaje rápido, pero con bebés tan pequeños hay muchas paradas, imagínese, que si pis, que si pos, que si lloran… Les encanta que les rodeemos con las alas y todavía no he visto uno que no nos meta la mano en el pico. Y claro, se les coge cariño. ¿Con que cara se les deja en según qué lugares? La diferencia llega a ser enorme en unos pocos kilómetros. Desviándonos ligeramente podríamos cambiar el destino de esas criaturas. Darles años de vida, salud, educación, seguridad… Ese pensamiento nos asalta una y otra vez, pero ¿y sus madres? Siempre han confiado en nosotras. ¿Comprende? Y así un día y otro también».

Se le escapa una lágrima. «Mire doctor, yo pastillas no quiero. Hay que hacer algo».[1]

En medicusmundi estamos empeñados en este “hay que hacer algo”. La salud no es un privilegio, es un derecho de todas las personas, pero el lugar donde naces determina la medida en que podrás disfrutar de este derecho. ¿Por qué?

Primero porque la salud no depende sólo de la asistencia sanitaria que recibas. La salud depende de muchos más factores: Cómo es tu casa, si tienes acceso a agua potable, si te puedes alimentar bien, las condiciones en las que trabajas, el salario que recibes, la educación a la que hayas tenido acceso, si vives en un entorno no contaminado… Y es que, como afirma el médico Juan Gervas, “para la salud de una persona, es más importante el código postal que el código genético”. O lo que es lo mismo: No va a poder disfrutar de la misma manera del derecho a la salud una niña nacida en el Altiplano boliviano que un niño nacido en el centro de Madrid.

Pero la salud también es atención sanitaria. Y 400 millones de personas no tienen acceso a unos servicios esenciales de salud. ¿Cómo garantizar este derecho? En un mundo que debate entre si son mejores los sistemas de salud basados en el aseguramiento privado o los sistemas públicos, nuestra experiencia en países como Bolivia, Guatemala, Perú o El Salvador nos dice que si queremos evitar la exclusión es desde lo público desde donde debemos trabajar.

Lidia Morales es una compañera guatemalteca que lleva años trabajando en la transformación del sistema público de salud de su país. Lidia forma parte de un grupo de profesionales conscientes de que el sistema público de salud no estaba enfocado a las necesidades de la población y cubría sólo a una pequeña parte: Mujeres en edad fértil y menores de 5 años. Esto hacía que la población se viese obligada a asumir gastos catastróficos en salud, que les hundían más en el círculo de la pobreza.

Estos profesionales se hicieron una pregunta: ¿Cómo conseguir hacer más accesible el derecho a la salud para todas las personas? Empezaron así a trabajar, con el apoyo de medicusmundi, en un modelo de salud integral e incluyente, pensado desde lo público, que tiene en cuenta las necesidades y creencias de la población y que ha venido dando muy buenos resultados en las zonas donde se ha trabajado. Tanto, que hace poco el gobierno de Guatemala ha decidido hacer suya esta forma de entender la salud y la ha convertido en política pública.

Aunque a la población guatemalteca le queda un largo camino por recorrer para poder disfrutar de unos servicios de salud como los de nuestro país, es un gran paso adelante, que contrasta con el camino que estamos recorriendo en España a la inversa: de la inclusión a la exclusión: Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, las personas en situación administrativa irregular que vivían en España se quedaron sin tarjeta sanitaria. Pero no sólo ellas: También se ve afectado un amplio porcentaje de personas con ciudadanía comunitaria y escasos recursos, según denuncia la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER). Esta red tiene documentados ya 2.496 casos de vulneraciones del derecho a la atención sanitaria en nuestro país desde su creación hace dos años.

Cuando le contamos esto, nuestra compañera Lidia, desde el respaldo que dan los años que lleva trabajando contra la exclusión sanitaria, nos dice: “Lo que podemos decir a Europa es que apostar por la salud pública es lo más justo y económico”.

Francisco José Vega (medicusmundi)

[1] Texto de la exposición de medicusmundi “El reto de la Equidad en Salud”. Autora: Maite Pérez Larumbe

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Sin Igualdad de Género no se puede luchar contra la pobreza

Sobrevuela nuestras mentes la posible imagen de 5 chicos abusando sexualmente de una chica mientras ríen, bromean y lo graban con sus teléfonos. A día de hoy el 35% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas o terceras personas. Al menos esa violencia hoy indigna. Al menos hoy, la violencia sexual, y a veces incluso otras formas de violencia física, son públicamente condenadas. Es cierto que este tipo de violencia contra mujeres y niñas es actualmente una de las más graves y escalofriantes pandemias globales. Sin embargo, no es la única.

Este sistema machista y patriarcal, desde sus entrañas hasta su cara más bonita, esconde y libera #DemasiadasViolencias contra las mujeres: la desigualdad salarial, el distinto acceso a los recursos públicos, el monopolio del poder político del hombre o la impuesta cultura de los cuidados también son, entre otras, formas de violencia que desde la familia, la escuela, el lugar de trabajo, la comunidad, las tradiciones, la cultura o la religión, mantienen a la mujer relegada a un segundo papel, acosada, cosificada, despreciada e infravalorada: violada.

#DemasiadasViolencias es nuestro llamamiento a visibilizar todas las formas de desigualdad social, económica, política e intersectorial que sufren las mujeres aquí y en cualquier parte del mundo. Porque cualquier manera de arrebatarnos nuestro poder y nuestra libertad es sin duda una forma de violencia.

La pobreza es femenina

En la actual Semana de lucha de contra la Pobreza queremos poner en énfasis la Justicia de Género porque la construcción de un mundo más justo será feminista o no será. Aunque sin duda, la lucha por la Igualdad de género es un fin en sí mismo, es imprescindible subrayar que sin ella no habrá fin para la pobreza.

El género es uno de los mayores determinantes de la pobreza y las cifran son sin duda escandalosas: 7 de cada 10 pobres en el mundo son mujeres, aunque las mujeres son la mitad de la población mundial; menos de un 25% de parlamentarixs son mujeres; a nivel global el tiempo que las mujeres dedican a trabajo no remunerado es 10 veces superior al de los hombres; en el sur de Asia y en el África Subsahariana más del 80% de las mujeres tienen trabajo precarios… #DemasiadasViolencias es el resultado de un sistema patriarcal en el que las estructuras permiten a los hombres apropiarse del poder y el control sobre las mujeres. Un sistema donde no hay espacio para que ellas puedan realizarse. Un sistema lleno de violencia.

En situaciones de limitación de recursos naturales, las mujeres, que paradójicamente son las que más dependen de ellos, son las que menos acceso tienen. Sus condiciones de vida se ven exponencialmente más empeoradas y la violación de sus derechos fundamentales se hace más frecuente. La crisis climática en la que nos encontramos es también un factor clave hacia el empobrecimiento de la mujer.

Reivindica la Justicia de Género

Desde el ámbito político hasta el social y económico hay que hacer una llamada a la reconstrucción de los pilares de nuestras estructuras. Hombres y mujeres debemos trabajar para que estas puedan recuperar el control y el poder en todos los ámbitos de nuestra vida y liberarnos de las #DemasiadasViolencias que nos afectan.

  • Indígnate, denúncialo en tus redes con el hashtag #DemasiadasViolencias, comparte este contenido o crea el tuyo propio, no te calles ante tanta injusticia.
  • En InspirAction, al igual que en otras organizaciones, luchamos cada día por un mundo libre de pobreza. Con nuestro trabajo desafiamos las conductas y prácticas que discriminan por motivos de género, desde aquellas que dañan física y psíquicamente a las mujeres hasta creencias que impiden que las niñas vayan a la escuela. Si quieres conocer en mayor detalle la situación de la Igualdad de Género en el mundo, nuestro trabajo o qué puedes hacer tú, infórmate o suscríbete para recibir más información sobre Justicia de Género.

 Cristina Porras, técnico de comunicación de InspirAction

 

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Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Contra la pobreza y la desigualdad: soluciones basadas en derechos.

¡No dejemos a nadie atrás!

“Al igual que la esclavitud y la segregación racial, la pobreza no es natural. Está hecha por el hombre y puede ser vencida y erradicada por las acciones de los seres humanos.”. Nelson Mandela

Desde hace más tiempo del que queremos recordar, se conmemora todos los años – el 17 de octubre – el día internacional para la erradicación de la pobreza.

Cada año, la ciudadanía es testigo de grandes compromisos, declaraciones y fotos estrechando manos entre las y los líderes mundiales. Grandes intenciones y afirmaciones que repiten que se van a adoptar todas las medidas necesarias para acabar con la pobreza y con las desigualdades; conseguir un mundo donde todas las personas puedan vivir con dignidad; y que se van a respetar los límites planetarios y el medio ambiente.

Un ejemplo de estos compromisos es la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas hace poco más de un año; o la Cumbre de París donde se alcanzó un acuerdo contra el cambio climático.

No se trata sólo de firmar acuerdos: se trata de adoptar medidas para  cumplirlos.

A día de hoy, en el contexto español, poco se ha avanzado en la implementación de medidas concretas para avanzar en el cumplimiento estos compromisos. Frente a esto, existe una realidad dual donde, por una parte, las cifras de pobreza son alarmantes, y por otra, la coyuntura política invita a pensar que no se puede hacer nada al respecto.

En España, unas 13 millones de personas (es decir, el 29% de la población)  están en riesgo de pobreza y exclusión social. Cifras verdaderamente sonrojantes, también en lo internacional, donde 836 millones de personas viven en situación de pobreza extrema.

Es verdad que existen factores que podrían servir como excusa para el inmovilismo, además de presiones externas para la adopción de medidas regresivas con los derechos. También es cierto que el actual gobierno español está tomando decisiones que influyen innegablemente en las cifras de pobreza y desigualdad. El viernes, justamente, se confirmó que el gobierno autorizó la firma del acuerdo CETA con Canadá. Acuerdo que ha sido ampliamente rechazado por muchos sectores de la sociedad civil por sus características y los riesgos que conlleva a nivel mundial.

Existe una interrelación directa entre la erradicación de la pobreza y de las desigualdades, la consecución de los derechos humanos, y las decisiones políticas, manifestadas en las políticas públicas, (y, consecuentemente, su coherencia). Decisiones políticas como la vía libre al CETA, constatan que se están primando los intereses de las multinacionales y de las élites económicas, antes que los derechos de las personas y el bienestar del planeta.

Un compromiso no sirve sólo para hacerse la foto. Los Estados tienen obligaciones en materia de derechos humanos – y los gobernantes la obligación de cumplirlas y rendir cuentas ante la ciudadanía. Algunas de estas obligaciones, cristalizadas en el derecho internacional, suponen abstenerse de actuar en contra de los derechos humanos – a través de políticas regresivas en materia laboral o ambiental-; impedir que otros priven a las personas de sus derechos– impulsando reducción en la protección y coberturas sociales-; y finalmente en adoptar todas las medidas necesarias para progresivamente realizar todos los derechos.

Con tratados como el CETA, el TiSa o el TTIP, se favorecerán políticas que impidan la erradicación de la pobreza, de la desigualdad, y la realización de los derechos humanos.

Las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos quedarían en entredicho con mecanismos como el de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés, Investor-to-State Dispute Settlement), o su marca blanca, el Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS). Estos mecanismos, ambos parte del TTIP y del CETA, otorgan a los inversores extranjeros el derecho de demandar a un Estado, ante tribunales poco transparentes, por promover políticas que choquen con sus intereses.

Así pues, cualquier política encaminada a la reducción de la pobreza y de la desigualdad, o medidas de protección medioambiental, social, o laboral, podría ser utilizada para chantajear a los Estados con el objetivo de conseguir beneficios para las multinacionales, o debilitar, el ya de por sí deteriorado, Estado de Bienestar.

Soluciones basadas en derechos

cartel_definitivo_esp-901x1024Este 17 de octubre se recordará que un día muchos Estados “de buena voluntad” se comprometieron con la erradicación de la pobreza. La ciudadanía no quiere ser sólo testigo de los compromisos que se convierten en papel mojado, mientras siguen aumentando las cifras de pobreza.

Las soluciones y las decisiones que se planteen tienen que estar basadas en derechos. Aceptar tratados comerciales que van en contra de los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental, que promueven la pobreza y la desigualdad, no es una opción.

Idealmente, el 17 de octubre se convertirá en el futuro en un día de celebración y no de protesta. Mientras ese momento llega, miles de personas seguirán movilizándose para y saliendo a las calles, como cada año, para exigir que no se deje a nadie atrás.

#niPobrezaniDesigualdad #niCETAniTTIP

 

Verónica Castañeda Blandón, Coordinadora de ONGD-España

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