En España la ayuda oficial al desarrollo (AOD) debe reconvertirse en una política de Estado para lograr la erradicación de la pobreza. La media de AOD se sitúa en el 0,25% del PIB de los países donantes, con un descenso alarmante en los últimos años, puesto que en 1990 se situaba en el 0,33%, siempre muy lejos del 0,7% reivindicado por la ONU desde 1972. Salvo algunas excepciones en países nórdicos de Europa, la AOD se ha mantenido como una política de asistencia sin peso ni relevancia en el conjunto de la política exterior de los países ricos.
Cualquier horizonte presupuestario en AOD por debajo del 0,7% es insuficiente. Además, en esta cantidad debe predominar la orientación hacia los países del África subsahariana hasta superar al menos el 0,15% del PIB de España, tal y como se estableció en la Conferencia de la ONU sobre Países Menos Adelantados en 1981; al igual que deberán dedicarse al menos el 20% de la AOD a servicios sociales básicos, como la educación y la salud, tal y como exige la Declaración de Desarrollo Social de la Cumbre de Copenhague de 1995. De la misma forma, deberán asumirse todos los acuerdos que en materia de equidad de género y de derechos de la infancia emanan de las cumbres sobre la mujer y la infancia celebradas en 1995 y 1990, respectivamente.
España debe garantizar la eficacia de la AOD mediante una reforma en profundidad del sistema de cooperación que mejore notablemente su capacidad de planificación estratégica,incorporando la evaluación del impacto de sus acciones, con el fin de medir cuál es su contribución a la erradicación de la pobreza. Por otro lado, debe revisar algunas de las herramientas que tradicionalmente han tenido excesivo peso en la cooperación española, como el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) que ha tratado sin éxito de compatibilizar la lucha contra la pobreza y el fomento de las empresas españolas en el exterior.
Es también imprescindible avanzar en materia de coordinación de políticas, que en el caso español tiene dos vertientes. En primer lugar, la coordinación con otros donantes debe realizarse en espacios multilaterales de planificación y decisión, mediante la aportación solidaria a fondos regionales y/o temáticos. La contribución española al refuerzo del multilateralismo para la gestión de los asuntos globales debe ser inequívoca y comprometida. En este sentido, por ejemplo, España debe implicarse con aportaciones significativas al Fondo Global de Lucha contra el Sida y contribuir para lograr la iniciativa 3x5 de la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA (medicamentos retrovirales para 3 millones de personas antes de finalizar 2005). La segunda vertiente se refiere a la coordinación de políticas con el resto de las Administraciones Públicas del Estado: gobiernos autonómicos y municipios. La cooperación descentralizada ha crecido significativamente en España en los últimos años y es preciso mejorar la coordinación y la complementariedad entre todos los actores.
En este contexto nacional e internacional los Objetivos de Desarrollo del Milenio deben convertirse en un compromiso irrenunciable no sólo en el ámbito político, sino también en el económico y social. Es decir, la sociedad en su conjunto es responsable de su consecución.
