10 Ene 2018

¿Qué son los Presupuestos Generales del Estado?

Un concepto que suena abstracto, pero que repercute en los 365 días que el 2018 nos pone por delante. Acudir al médico, utilizar el transporte, estudiar una carrera o hacer la compra, son algunas de las tareas cotidianas que se verán afectadas negativamente, si los Presupuestos Generales del Estado apuestan de nuevo por un recorte en temas sociales. Para saber y tener conciencia de lo que en unos días se va a debatir y que marcará la senda de este nuevo año, rescatamos un artículo de Ana Clara Padilla y Jose Alfonso Delgado de la  Fundación PROCLADE e integrantes del Grupo de Pobreza Cero que explican de forma clara estas palabrejas. Leer el artículo completo aquí.

Please follow and like us:

28 Sep 2012

Mis razones para el #17O

Laura López Ortiz de Fundación PROCLADE

<Leía el periódico, veía la tele, viajaba… Y la pobreza, la injusticia me dolían. Sentía rabia. Era una buena persona pero con la sensación siempre de que podía dar más, hacer más y me sentía un poco impotente. Veía “números” en las cifras de la pobreza. El mundo me parecía que estaba al revés. Yo quería poner rostro a esas cifras, que las personas recuperásemos el protagonismo, que “los derechos humanos” no fueran una utopía sino una obviedad.

Ser voluntaria de ONGD y, ahora, trabajar en ella, me ha hecho aprender a poner todo lo que soy al servicio de las personas, ha aumentado mi capacidad de imaginar, de soñar, de crear alternativas. Ha multiplicado mi esperanza, mis ganas y mi capacidad de trabajo. El mundo es muy grande y yo muy pequeña, pero trabajar en una ONGD encauza mi solidaridad y la suma a la de millones de personas en todo el mundo que trabajan y luchan por que el mundo vuelva a estar “al derecho”.>

Please follow and like us:

11 Ago 2012

8 mitos (y mentiras) sobre #inmigración y #Sanidad

(Post por Guillermo Algar, de Médicos del Mundo)

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular y de UPN la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Entre las muchas y controvertidas medidas que incluía la reforma hay una que ha concitado un rechazo generalizado, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular de la atención sanitaria (excepto urgencias y atención a mujeres embarazadas y menores de 18 años).

Foto de Médicos del Mundo

Colectivos médicos, ONG y Comunidades Autónomas rechazan una reforma vía decreto, la consideran injusta, aseguran que no va a suponer un ahorro de costes al incrementar el uso de los servicios de urgencias y es contraria a una política de salud pública.

Para justificar la exclusión de un colectivo altamente vulnerable se han difundido durante años mitos y falsas leyendas en torno a la población inmigrante y el sistema sanitario. Aquí van alguna de estos lugares comunes (y erróneos):

Las personas inmigrantes colapsan los servicios de atención primaria. Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público; de hecho usan menos el sistema de atención primaria que la población autóctona. Así lo demuestran varios informes como el realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en 2008. El informe mostraba que las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, pero sólo suponían el 5% de los  pacientes de atención primaria, muy lejos de su presencia en la sociedad. Sobre el uso de los servicios de Atención Primaria por parte de inmigrantes en España, el 57,7% de la población española había acudido al menos una vez en el periodo de un año frente al 12,7% de la población inmigrante. Uno de los estudios más exhaustivos fue el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza. En él se analizaron más de 5 millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17% inmigrantes). Según este análisis, los inmigrantes adultos fueron 4,2 veces a la consulta médica por las 6,7 de los españoles.

Los inmigrantes = turistas sanitarios. Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria y mucho menos son turistas. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a nuestro país. En todo caso, el debate sobre la existencia del “turismo sanitario” está referido a otro perfil de población extranjera procedente de la propia Unión Europea. La vinculación entre ambas circunstancias no es equiparable, tampoco en términos de renta (normalmente altas en aquellos que provienen en su mayoría de Europa y usuarios del llamado “turismo sanitario” y habitualmente bajas en el caso de los inmigrantes).

El sistema sanitario se financia con las cuotas de la Seguridad Social. Esta reforma ha vuelto poner de manifiesto la confusión y desconocimiento entre políticos, medios de comunicación y ciudadanía de la forma en la que se financia el sistema nacional. El Barómetro Sanitario de 2009, un estudio de opinión que realiza cada año el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 46,2% de los de las personas que respondieron a esta pregunta creían que la sanidad pública en España se financiaba con las cuotas a la Seguridad Social que satisfacen las personas que trabajan. Tan sólo el 27,2% manifestaron que se financia mediante los impuestos que pagan toda que paga toda la ciudadanía. Un 15,8% contestaron que se financiaba  por ambas vías, por los impuestos y por las cuotas a la Seguridad Social y el 10,3% no sabía cómo se hacía.

Desde el 1 de enero de 1999, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la “desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social”.

Es, a partir de dicha fecha que culmina la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social, cesando el aporte de cuotas directas desde ésta y pasando a financiarse aquella íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de toda de la ciudadanía en las más variadas e indistintas formas impositivas con que el Estado se nutre de los fondos precisos para atender todos los servicios que ha de prestar (IVA, IRPF, Impuestos Especiales, etc.).

Las personas inmigrantes irregulares no contribuyen al sostenimiento de la Sanidad. Relacionado con el punto anterior, es obvio que las personas inmigrantes (también las que no tienen permiso de residencia) contribuyen a la financiación del sistema sanitario. Excepto en el caso del IRPF (impuesto que no pueden pagar porque carecen de permiso de trabajo) las personas inmigrantes pagan todos los impuestos que gravan la compra de bienes o los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina.

Deben pagar por la atención a través de la vía de los convenios-seguros. El Gobierno central planea crear, bajo el nombre de convenios especiales para que puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. La orden que se han transmitido a las comunidades autónomas es que las personas menores de 65 pagarían 710,4 euros al año —59,20 mensuales— y de 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). Distinguir entre grupos de edad y adjudicándoles el supuesto precio medio de atención sanitaria sigue una lógica de aseguramiento privado que reparte el riesgo dentro de un grupo particular de la población, sin considerar la solidaridad intergeneracional. Además, como hemos explicado, es injusto sugerir que las personas en situación administrativa irregular no contribuyen ya que están pagando los impuestos indirectos. Con estas pólizas, las personas sin permiso de residencia  estarían pagando por la atención por dos vías, pagar dos veces.

La exclusión se hace para “converger” con Europa. No es cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España nos acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa al nivel de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre los países europeos que garantizaba la universalidad en la atención sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y Portugal  las personas extranjeras sin permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.

El tratamiento sanitario puede recaer en las ONG. Los responsables del Ministerio de Sanidad han manifestado  que está previsto firmar convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria. Sin embargo, las ONG no deben ni van a sustituir al Estado. Médicos del Mundo atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año pasado pero ni propia Organización ni otras ONG pueden hacerse cargo de analíticas, especialistas, pruebas,  derivaciones y prescripción de medicamentos que proporciona el sistema sanitario público y, mucho menos, sustituir y suplir las obligaciones y deberes del Estado.  La respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular no es la beneficencia o la generación de estructuras paralelas. Un sistema paralelo o un acceso a través de una “puerta trasera” conculcarían el derecho a la salud reconocido en nuestra carta magna además de no ser viable técnica ni sanitariamente.

 

Please follow and like us:

19 Abr 2012

Hay alternativas a los recortes sociales: recortar el fraude fiscal #recortaelfraude

Los PGE son injustos y pensados para l@s ric@s

  • Medidas como la “amnistía fiscal” premian a los defraudadores y grandes fortunas y no contribuyen a paliar la desproporcionalidad del sistema fiscal español
  • España está muy por debajo de la media de la UE en inversión social, para reducir esta brecha debería pasar del actual 22’7% al 30% del PIB
  • Los Presupuestos Generales del Estado atentan contra las personas más vulnerables: más de 12 millones y medio de personas en España[1] en riesgo de pobreza y exclusión, más cientos de millones de personas beneficiarias directas de la cooperación española[2]
  • Hay alternativas a los recortes sociales: recortar el fraude fiscal

La Alianza Española contra la Pobreza rechaza los PGE por ser injustos, desproporcionados e insolidarios. La aprobación de estos PGE supondría una ruptura del consenso social y político expresado en el Pacto de Estado contra la Pobreza, firmado por todas las fuerzas políticas en 2007 y que establecía que en 2012 se cumpliría el objetivo del 0,7% de la RNB para AOD, y el objetivo que se asume el Programa Nacional de Reforma que compromete a España a disminuir el riesgo de pobreza y exclusión hasta alcanzar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión en el estado español.

Los PGE inciden brutalmente en el recorte de inversiones sociales, y de manera innecesaria, puesto que no contempla el aumento de ingresos del Estado. Persiguiendo el fraude fiscal con un nivel de eficacia similar a los países del entorno europeo se captarían unos 40.000 millones de euros, más de lo que suponen los recortes planteados en los presupuestos. Con un impuesto a las transacciones financieras podría recaudarse más de 3 veces lo que se ha recortado en ayuda al desarrollo, la ayuda a los países mas pobres, en 1.630 M€.

Los PGE no contemplan la mejor alternativa posible a los recortes sociales: recortar el fraude fiscal de las rentas más altas, principales responsables del mismo. La Alianza sabe cómo hacerlo y se lo explicaremos al ministro muy pronto.

Exigimos, como la mayor alianza española de organizaciones sociales y de desarrollo que se recauden con racionalidad y con justicia distributiva los impuestos. Denunciamos la medida de “amnistía fiscal” que premia a los defraudadores y reiteramos la necesidad de que se obtengan eficazmente recursos fiscales.

Instamos al gobierno español que respete su compromiso con la lucha contra la pobreza, con el Desarrollo Humano y con los Objetivos del Milenio. Cualquier medida para salir de la crisis la prioridad deben ser las personas, y las medidas debe basarse en la solidaridad universal y la dignidad humana.

Para la Alianza Española contra la Pobreza unos presupuestos solidarios y justos tienen que contemplar como mínimo las siguientes propuestas:

  • Compromiso de no reducir la AOD a límites inferiores a la AOD ejecutada en 2009 (0.46%) aumentándola en los próximos años de manera proporcional al incremento de la RNB, y manteniendo el horizonte de 2015 como compromiso para alcanzar el 0.7%.
  • Igualar el gasto público en educación a la media europea, aumentándolo progresivamente hasta alcanzar el 7% del PIB.
  • El Estado debe dedicar un 30% de PIB a gasto social, reduciendo así el desfase con la media de la UE.
  • Mantener el camino hacia una financiación del gasto sanitario que se equipare a la media de la UE-15 (7,3% del PIB).

Emplazamos un cambio de rumbo: el gobierno tiene que respetar a la ciudadanía a la que representan y garantizar la solidaridad, el bienestar y los derechos sociales de todas las personas. Y advertimos que el gobierno deberá responder por las gravísimas consecuencias que las desproporcionadas medidas de ajuste que ha presentado para “cumplir con el objetivo de déficit” tendrán en millones de personas.

Descárgate el comunicado aquí.


[1] 12.599.861 personas en España, el 26.7% de la población según los datos provisionales de 2011 del INE para el indicador AROPE.

[2] Las personas beneficiarias sólo de los programas ejecutados por las ONGD suman 83 millones. Informe CONGDE.

Please follow and like us:

3 Abr 2012

Presupuestos: la Cooperación Española en Default (de @MadridEco) #PresupuestosSociales

Presupuestos: la Cooperación Española en Default. (Ir al contenido original)

José Moisés Martín Carretero es miembro de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS

Nuestro experto en Cooperación y en Economía del Desarrollo ha realizado un informe sobre el efecto que tendrán los recortes recogidos en los Presupuestos Generales del Estado sobre la política de cooperación y la Ayuda Oficial al Desarrollo.

El artículo completo se puede leer aquí.

Economía Política de un Recorte Innecesario

Introducción

Los presupuestos generales del Estado para 2012 han supuesto un recorte de 1580 millones de euros en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que España gestiona desde la Administración General del Estado. El recorte se reparte en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación -1380- millones de euros y el Ministerio de Economía y Hacienda, al cual corresponden 200 millones de recorte. Se trata de la partida presupuestaria que más baja –más del 70%-, bastante más que la media aplicada a la Administración General del Estado, un 16%, y es el recorte más importante realizado a la Cooperación Española en su historia. En términos porcentuales –ya que la AOD se mide en términos de tanto por ciento sobre el Producto Interior Bruto- supone pasar del 0,40 planificado en 2011 al 0,26 en 2012, en los niveles en los que se situaba la AOD en 2004. Si a esto unimos los descensos de la cooperación descentralizada, que se harán públicos con la elaboración del Plan Anual de la Cooperación Internacional para 2012, la cifra definitiva posiblemente sea aun menor, alrededor del 0,23% del PIB. Muy lejos del objetivo del 0,7%, que se debería alcanzar en 2012, y, lo que es peor, sin posibilidad de recuperación de la senda de crecimiento en los próximos años.

El presente artículo tiene como objetivo analizar el significado de los recortes y sus posibles consecuencias a medio y largo plazo. Intentará demostrar, desde la base de considerar al planificador presupuestario como un agente racional, los siguientes aspectos:

  • El recorte presupuestario de la AOD no tendrá el efecto esperado en la reducción del  déficit público
  • El planificador presupuestario ha tenido opciones para, sin afectar al cumplimiento del déficit público, mantener la AOD en los mismos niveles que en 2011.
  • Por consiguiente, la decisión de reducir la AOD parece tener un componente más estratégico-ideológico que fiscal o financiero.
  • La debilidad intrínseca del sector de la Cooperación Española ha propiciado que este recorte se realice sin la menor resistencia.
  • Su impacto a nivel internacional es incalculable en términos de imagen y pone en serios riesgos la reputación del país.

Para ello nos basaremos en la información disponible a fecha de hoy, que deberá ser contrastada con los datos ofrecidos de la Ejecución del PACI 2011 y de la distribución interna de los PGE, que todavía no se han hecho públicos.

Please follow and like us: