10 Oct 2017

Contra la desigualdad obscena: Resistir, denunciar, sensibilizar y cambiar

Hace casi 20 años preparábamos en medicusmundi una exposición titulada “Salud el derecho de unos pocos”. Su objetivo era mostrar las repercusiones de la pobreza en la salud mundial, también en nuestro país. Su destino rotar por las salas de espera de los Centros de Salud.

Una de las protagonistas de esta exposición era Denis, una mujer peruana de 29 años. Recreábamos su historia en un panel titulado “Cuidadoras sin derecho a ser cuidadas”, Denis trabajaba como interna en casa de María de los Ángeles, una mujer enferma de 82 años a la que cuidaba todo el día excepto los jueves y sábados por la tarde y el domingo. Denis llevaba dos años en España pero no tenía permiso de trabajo, tampoco derecho a asistencia sanitaria.

Cuando estábamos a punto de inaugurar la exposición, en enero de 2000, el Estado Español reconoció este derecho a cualquier persona empadronada en el país, fuese nacional o extranjera (artículo 12. Ley orgánica 4/2000). Un logro social que celebramos al mes siguiente cambiando el nombre al panel expositivo de Denis que pasaría a llamarse: “Cuidadoras con derecho a ser cuidadas”; celebración y reivindicación por unas condiciones de trabajo dignas que aseguren el bienestar y una situación legal.

Pero 12 años después esta situación cambió, y lamentablemente el Gobierno, utilizando una vía legislativa excepcional, aprobó un Real Decreto Ley por el que las personas en situación administrativa irregular que vivían en España se quedaron sin tarjeta sanitaria (RDL 16/2012). El gobierno no solo retrocedió recortando derechos sino que emprendió iniciativas legales, recursos ante el Tribunal Constitucional, para intentar impedir que los gobiernos autonómicos aseguren este derecho en su territorio.

Desde hace 5 años numerosas entidades y movimientos sociales estamos luchando por terminar con esta desigualdad obscena, por la defensa de los sistemas públicos de salud con cobertura universal y exigiendo la reforma de este Real Decreto Ley estatal.

En el mes de septiembre pasado la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) lideró una iniciativa por la que la mayoría de los grupos políticos de oposición en el Congreso de los Diputados firmaron el “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal”. Y la semana pasada se presentaba el informe “Defender nuestra sanidad. La sociedad civil frente a la exclusión sanitaria”, articulado en torno a cuatro ejes: “Resistir”, Denunciar”, Sensibilizar” y “Cambiar”, que documenta 3.784 casos de personas excluidas del sistema nacional de salud desde 2014. Una desigualdad, dolorosa y obscena, injusta y evitable, que es fruto de la acción humana y a la que, por tanto, se le puede dar la vuelta.

Hace casi 20 años cambiamos el nombre de aquel panel de Denis; hace 5 años nos lo borraron y desde entonces estamos escribiendo un nuevo cambio.

Jesús Chocarro San Martín, medicusmundi

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7 Abr 2015

¿Es inocua nuestra alimentación?

La Organización Mundial de la Salud ha elegido como tema del Día Mundial de la Salud 2015 la inocuidad de los alimentos. En la presentación del DMS se explica que los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades diferentes y son responsables de unos 2 millones de muertes cada año.

La inocuidad de los alimentos así entendida, en su sentido estricto, es un tema muy relevante de salud pública. Todavía tenemos en la memoria algunas crisis impactantes, como la del aceite de colza deCartel OMS_alimentos inocuossnaturalizado, la de las vacas locas o la de los pepinos en Alemania hace poco más de tres años. En cada caso se produjeron muertes y mucho sufrimiento asociado a esas situaciones de falta de inocuidad de los alimentos.

La OMS apunta a la “cada vez más evidente necesidad de reforzar los sistemas que velan por la inocuidad de los alimentos en todos los países”, por lo que el Día Mundial de la Salud 2015 se orienta a “fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la granja hasta el plato”. Pero, ¿qué ocurre después del plato? ¿Es suficiente con garantizar que los alimentos que llegan al plato no contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas?

Sería conveniente tener una visión más amplia de la inocuidad de los alimentos. Si seguimos la definición que nos da la Real Academia de la Lengua, es inocua aquella alimentación que no hace daño. Y si miramos los daños que está produciendo nuestro sistema alimentario, difícilmente podríamos hablar de inocuidad. La obesidad está adquiriendo unas dimensiones desproporcionadas, hasta el punto de ser catalogada como uno de los grandes problemas actuales de salud pública, una pandemia con un coste asociado de más de dos billones de dólares al año, que se va incrementando año a año.

No es casual que en los últimos cuatro años The Lancet haya publicado dos series dedicadas a la obesidad, una en agosto de 2011 y otra a comienzos de 2015. Los expertos la consideran el mayor factor causal de carga de enfermedades prevenibles en muchas regiones, incluso por delante del tabaco. Los datos que aportan apuntan a unos 1.500 millones de personas con sobrepeso y más de 500 millones con obesidad. Su repercusión en la salud es muy alta, ya que está relacionada con el 80% de los casos de diabetes, con el riego de padecer hipertensión, colesterol alto, diversos tipos de cáncer, etc.

Es más fácil ganar peso que perderlo

El análisis del conjunto de factores determinantes de la obesidad es muy complejo, pero las investigaciones señalan que la creciente disponibilidad de alimentos altamente calóricos más baratos junto a las potentes fuerzas económicas que impulsan su consumo –con un marketing más generalizado y persuasivo– conducen inevitablemente hacia el sobre-consumo y la obesidad.

Las campañas de publicidad –incluso dirigidas a público infantil– relacionadas con productos que pueden ser nutricionalmente dañinos parecen no tener límites; los requerimientos a dichos productos desde un punto de vista de salud y nutrición se nos antojan muy laxos. Los poderes públicos responsables deberían analizar el coste humano, de salud e incluso económico que tiene el hecho de no regular adecuadamente la utilización de ingredientes no saludables en la producción de alimentos. No solo deberían pensar cómo estimular a los consumidores hacia dietas más saludables sino también cómo pueden incentivar a la industria alimentaria para que produzca alimentos más saludables (o como desincentivarla para que no produzca tantos alimentos no saludables).

Hace ya varios años, el entonces relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, señalaba que nuestros sistemas alimentarios son “obesogénicos”, generadores de obesidad y que, al ritmo que vamos, en 2030 se producirían 5 millones de muertes de personas menores de 60 años como consecuencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con el consumo de una dieta no saludable, es decir, más del doble de las muertes que se producen por el consumo de alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas.

En este Día Mundial de la Salud 2015 convendría que tuviéramos una mirada más amplia, más inteligente, más crítica sobre la inocuidad de los alimentos y que, a partir de ella, se generaran las respuestas políticas adecuadas. La falta de acción de los poderes públicos en este sentido se podría considerar un incumplimiento de sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos a la salud y a la alimentación.

José Mª Medina Rey, director de PROSALUS

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8 Sep 2014

ÉBOLA: Demasiada muerte para tan poca acción #SomosCooperantes

La actual epidemia de ébola está suponiendo un reto a todos los niveles. La sociedad civil de los países afectados, los ministerios de salud y las ONG estamos trabajando juntos para tratar de ponerle freno. Y no está siendo nada fácil.

Los sistemas de salud de Guinea, Liberia y Sierra Leona son muy débiles y con sus precarios medios y recursos apenas llegaban ya a cubrir las necesidades más básicas de la población. Ahora están completamente colapsados. El número de centros y profesionales sanitarios es insuficiente, sus equipamientos y servicios de transporte son casi testimoniales. Estamos hablando de centros que muchas veces no tienen ni agua ni luz, de una ratio dos médicos por cada 100.000 habitantes, de hacer frente a una epidemia sin precedentes en la historia. Muchas personas de los lugares afectados están siendo todo un ejemplo de valor y principios, de humanidad y solidaridad. Pero solos no pueden.

equipo MDM

(C) Médicos del Mundo

Para poder parar la epidemia hacen falta materiales, fondos, personal cualificado y sobre todo un verdadero compromiso de la comunidad internacional ante el enorme problema de salud pública al que estamos haciendo frente. Y no se puede esperar más.

No sólo hemos sufrido recortes drásticos en los fondos de Cooperación al Desarrollo, que son los que contribuyen a mejorar a largo plazo las condiciones de vida de las poblaciones en los países empobrecidos, si no que parece que estas personas tampoco son prioritarias ni en situaciones de vulnerabilidad extrema. Una emergencia, además, que nos concierne a todos y todas porque es un problema de salud pública de talla mundial. Blindar nuestras fronteras y proteger nuestra sociedad de bienestar no es la solución. Es necesario poner los medios necesarios aquí y ahora.

Pino González

Coordinadora del proyecto de emergencia de Médicos del Mundo en Sierra Leona

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17 Ene 2013

La #Solidaridad ahora y aquí

Artículo de: Álex Guillamón, coordinador de Entrepobles (Texto original en catalán. Traducción Lluis Ruíz-Giménez)

Fuente: Entrepobles

Los mensajes de los poderes económicos, políticos y mediáticos ante la crisis insisten en desactivar todos los resortes de la solidaridad, tanto cercana como internacional. Entre las entidades que han estado trabajando en cooperación los últimos años, y la sociedad en general, reina el pesimismo, el desconcierto y el temor ante un futuro incierto. Sin embargo, es ahora -ante el desmantelamiento y la privatización de las políticas públicas de cooperación- cuando más necesario resulta recordar que el internacionalismo, la solidaridad internacional, es un valor enraizado a nuestro pueblo que no nació por gracia gobernativa ni de ninguna convocatoria de subvenciones.

Hace más de cuarenta años que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la famosa Resolución 2626 (XXV), con el siguiente texto: “Todo país económicamente desarrollado se esforzará por efectuar cada año, a partir de 1972, una transferencia de recursos financieros a los países en desarrollo por un importe mínimo neto equivalente del 1% de su Producto Nacional Bruto a precios de mercado (…) Los países desarrollados que no puedan alcanzarlo el año 1972 se esforzarán en conseguir este objetivo en 1975, a más tardar”.

La Asamblea de Cataluña no pensaba en esta resolución cuando, a finales de 1973, hizo un llamamiento a solidarizarse con el pueblo chileno y el gobierno de la Unidad Popular, que acababa de padecer uno de los golpes de estado más sangriento, justamente un 11 de septiembre. Todavía desde la clandestinidad  y en un país en desarrollo, las actividades de solidaridad, que tomaban como base la plena conciencia de una lucha común, se extendieron.

El nacimiento de un movimiento popular

Una de estas actividades se realizó desde la parroquia de la calle Dos de Maig de Barcelona durante la misa del gallo de 1973. Bajo aquella oscura, helada y larga noche del franquismo, la iglesia se llenó hasta los topes: un cálido oasis de libertad y solidaridad. Nadie habría podido distinguir entre feligreses y militantes antifranquistas, unos y otros cantaban por primera vez Violeta Parra, la cantata de Santa Maria de Iquique de Quilapayún… y sobre todo, el gran Víctor Jara.

Unos pocos meses después, los barracones de Pedralbes de la Universidad de Barcelona, donde las paredes todavía gritaban “Salvemos a Puig Antich”, los Comités de Curso de los estudiantes organizaban una charla con un representante del Frente Polisario. El coloquio se alargó más de lo que recomendaban por seguridad, ya que no había demasiadas oportunidades de tener información de primera mano sobre esta cuestión. La gente quería saberlo todo sobre la guerrilla saharaui, cómo disputaba el territorio al ejército franquista y como se estaba negociando la autodeterminación. Se prevenía que la liberación del Sáhara sería un golpe duro para el franquismo, similar a la revolución de los claveles en Portugal. Nadie podía imaginar, por aquel entonces, que la noche que viviría el pueblo saharaui estuviera tan lejos del final.

Pero fue al inicio de 1978 que se pudo hablar más claramente del nacimiento de un movimiento popular de solidaridad organizado en nuestra casa. En los locales de hermanamiento, mucha gente y varias entidades se juntaron en la reacción ante lo que estaba sucediendo en un país que hasta hacía poco tiempo nadie podía ni siquiera ubicar en el mapa: Nicaragua. Un señor alto y formal, José María Valverde, daba lecciones aceleradas de fe, ética y poesía roja y negra e insistía que, a pesar de la represión sobre Masaya, la revolución era cuestión de meses.

Aquel febrero se produjo la prematura insurrección del barrio de Monimbó, en Masaya. Y cuando en agosto de aquel mismo año una columna sandinista asaltó el Palacio Nacional, en Barcelona ya existía el Comité de Solidaridad de Catalunya con el Pueblo de Nicaragua. El 12 de noviembre de aquel año, ocho meses antes de la revolución, en el polideportivo de Sant Andreu, Carlos Mejía Godoy y san Ovidi Montllor actuaron en el primer gran acto de solidaridad para recoger fondos para la insurrección sandinista, Catalunya con Nicaragua.

También por aquel entonces, en el teatro Romea, Lluís Llach presentó su nuevo disco Mi amigo el mar, que incluía la canción “Compañeros no es esto”. Y era exactamente eso lo que pensaba una generación entusiasta de activistas sociales y políticos, que mascaba la decepción por una transición que había abaratado el sueño y había dejado intactos los poderes fácticos y económicos de las últimas décadas y el Estado borbónico. En un contexto en que la sociedad levantaba la vista al mundo por primera vez en varias décadas, la revolución sandinista fue el inicio de un movimiento social de solidaridad internacional que propició el surgimiento de centenares de comités locales de solidaridad, primero con Nicaragua y más tarde con El Salvador y Guatemala.

Todavía faltaban siete años para la creación de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y ocho para la primera convocatoria de ayudas al Tercer Mundo que inauguraría la Generalitat.

Durante años, centenares de personas acompañaron a la Nicaragua que resistía la agresión del gobierno de Reagan; en Morazán y Chalatenango (las zonas liberadas del FMLN en el Salvador), los campos de refugiados hondureños de Colomoncagua y Mesa Grande, en las montañas y las selvas guatemaltecas del Quiché o en los campos de Campeche, Chiapas o Quintana Roo (México). Maestros, médicos, enfermeras, personal administrativo, periodistas, lampistas, estudiantes… gente solidaria que quería ayudar a aquellos pueblos a impulsar un nuevo mundo, ya que no se había podido conseguir aquí. Faltaban ocho años, todavía para la aprobación del Estatuto de Cooperante.

En 1986, en Nicaragua, se hizo la segunda campaña de alfabetización Yo sí puedo. La noche de 10 de mayo de aquel año, el Palacio de Deportes se quedó pequeño para el emblemático Nicaragua Rock. Se impidió la entrada a muchísima gente. Después todo se relajó y al final la montaña de Montjuïc botaba a ritmo de ska con el tema “Nicaragua Sandinista” de Kortatu. Entre lo que se recolectó esa noche y en otras actividades prácticamente se superaba el presupuesto de la partida de Ayudas al Tercer Mundo de la Generalitat.

Aquel mismo verano, en Salt, se construyó el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, dentro del cual algunos ayuntamientos como el de Arbúcies jugaron un papel clave como motor reivindicativo y como palanca entre el movimiento social de la solidaridad y la implicación de la administración local.

El 0,7% y las políticas de cooperación

Los comités de solidaridad vivieron un debacle importante a principios de los 90’. Costó sobreponerse al bloqueo de los procesos revolucionarios en América Central. Había llegado el fin de la guerra fría y se proclamó el fin de la historia.

Pero en el otoño de 1994 la reivindicación del 0,7% iniciada por Justicia y Paz en 1981 se convirtió en una nueva ola social de solidaridad. Una convocatoria de la Plataforma 0,7% acompañada de una huelga de hambre se tradujo en acampadas en las plazas y las calles de todo el Estado, como reacción ante el desastre humanitario de la guerra de los Grandes Lagos africanos y para presionar a la clase política a emprender medidas de responsabilidad internacional. La Diagonal de Barcelona se llenó de tiendas de campaña desde la facultad de Económicas hasta la plaza Francesc Macià durante casi dos meses. Las analistas hablaron de una respuesta solidaria única en Europa.

La Plataforma 0,7% lo definía así: “El cumplimiento de la resolución de la ONU de destinar el 0,7% del PIB al desarrollo humano sostenible de los países empobrecidos, a pesar de que entendemos que es solo un primer paso, no es una concesión de los países ricos, sino una restitución, insuficiente, éticamente obligada porqué es un derecho básico de todos los pueblos de la Tierra”. El movimiento del 0,7% y más, la reivindicación de una política pública de cooperación internacional transparente, responsable y de calidad y con un sentido de restitución, abrió un ciclo sociopolítico de interrelación contradictoria entre la solidaridad de raíz popular y el despliegue de políticas públicas de cooperación internacional, forzadas por las movilizaciones y por un amplio apoyo de la opinión pública. Un ciclo que ahora se está cerrando con la crisis/estafa financiera.

Distintos colectivos continuaron poniendo los temas claves para la justicia global en la agenda pública y política. La crítica a la celebración del quinto centenario, la solidaridad con la rebelión zapatista de Chiapas, la campaña del cincuenta aniversario del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (durante la época de los ajustes estructurales en los países empobrecidos) y sobretodo la campaña y la consulta sobre la deuda externa, con continuidad en las movilizaciones antiglobalización de los primeros años del nuevo milenio, son algunos ejemplos de ello. Se reivindicaba una política pública que no fuera entendida como una ayuda, sino como una restitución, partiendo de la crítica al pasado y presente colonial y denunciando los nuevos mecanismos de dominio global, definidos más adelante como anticooperación.

Al mismo tiempo, como cualquier otro fenómeno que gana terreno entre la opinión pública de esta sociedad, la cooperación y la solidaridad fueron asimiladas por los medios de comunicación y la publicidad empresarial. Se ofrecía un espejo donde nuestra sociedad se reflejaba, por primera vez, como un país rico, optimista, y generoso (a golpes de hipoteca), un país modelo de transición hacia la democracia y de crecimiento económico, un país desarrollado que ayudaba a los que estaban en vías de desarrollo. Pero las políticas de cooperación no despegaron hasta que llegó la época de los Gobiernos de Zapatero en Madrid, y del tripartito en Catalunya. Durante estos años, el progresismo de los gobiernos confluyó con el cénit de la burbuja inmobiliaria. Sobraba dinero por todas partes, lo que hacía más fácil la generosidad, tan pronto para construir un AVE hacia ningún lugar, como para liderar el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU.

No se puede explicar de otra forma que la profunda superficialidad del discurso de la “lucha contra la pobreza, seña de identidad del gobierno incluso en tiempos de crisis” desapareciera de la noche al día, después de la famosa llamada que recibió Zapatero.

Durante estos años, ha habido una interrelación constante y en ambos sentidos entre la cara social y la institucionalizada de la solidaridad y la cooperación. La euforia socioeconómica y la abundancia han ido transformando a algunos colectivos de solidaridad popular en empresas de cooperación dependientes de las administraciones e instaladas en el crecimiento permanente de los presupuestos. Pero también ha habido colectivos que, partiendo de la cooperación asistencial o profesional, han evolucionado críticamente hacia un cuestionamiento sistémico. O personas que, sin abandonar nunca la solidaridad popular, han creído necesario social y políticamente reivindicar e intervenir en las políticas públicas.

La solidaridad hoy

Hoy, cuando se están desmontando las políticas de cooperación, cuando gran parte de la sociedad civil que trabaja en este ámbito afronta graves crisis de subsistencia debido a los impagos y por una gestión chapucera, es justo cuando hay que mantener la calma y sacudirse la impotencia y el pesimismo.

No se trata de menospreciar la importancia de la Res Píblica. Al contrario, hay que denunciar este neoliberalismo del Señor Esteve, rastrero, que gobierna deconstruyendo las políticas sociales. Una gestión que ha reconvertido a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo en una suerte de ONG de la Cámara de Comercio y el Rotary Club, una política que mientras proclama la creación de estructuras de Estado, ha huido por la puerta trasera de los compromisos de cooperación con distintos pueblos y gobiernos, a los cuales tarde o temprano necesitaremos tanto como nos necesitan ellos.

La gallina fue antes que el huevo

Sin embargo, hay que ir más allá de la denuncia y recordar que la gallina fue antes que el huevo: la solidaridad no depende especialmente de las instituciones, sino del empuje y la capacidad que tenga el pueblo de rehacer las alianzas y el tejido social, de conquistar y construir los derechos colectivamente.

Cierto es que los retos son infinitamente más grandes hoy que hace cuarenta años. La crisis del capitalismo global, climática, energética, alimentaria, del bienestar y de los bienes comunes obliga a afrontarla la acción social y política con una perspectiva local y global. Incluso en la situación de crisis actual, nuestra sociedad utiliza un territorio tres veces mayor al que ocupa para satisfacer su nivel de consumo. Y no hablamos solamente de la huella ecológica; diariamente, en todo el mundo, millones de personas mueren, malviven o son perseguidas a raíz de la guerra silenciosa puesta en marcha por las multinacionales para hacer negocio vendiéndonos toda clase de artículos.

Por lo tanto, hay que replantear la inserción de este país dentro del planeta y la comunidad internacional para transitar hacia una forma de bienestar más responsable y justa y menos vulnerable, desvinculada de la perspectiva del crecimiento permanente, de la producción y el consumo material. Se necesita una cooperación para el postdesarrollo. Librarse de la religión del libre comercio y la dictadura de la especulación financiera y coordinar iniciativas con otros pueblos, del sur y el norte. Ojalá se reaccione ante el engaño de la deuda externa, tal y como han aprendido otros pueblos antes que el nuestro.

Hay que bajarse del pedestal del desarrollo de cartón donde estábamos y pensar que no solamente se puede dar mucho, sino también aprender de las semillas, las iniciativas y las alternativas sociales, económicas y culturales que han empezado otros pueblos. Y todo ello tendrá que hacerse con o sin políticas públicas, con o sin ONGD, con más o menos recursos, pero siempre de forma organizada y colectiva, con los movimientos que están saliendo en nuestro propio país. No hay más salida digna, equitativa, inclusiva y viable para construir una nación libre y solidaria, de mujeres y hombres libres y solidarios, entre todos los retos. Y tal vez algún día alguien recordará que a aquello antes se le llamaba internacionalismo…

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27 Ago 2012

Derecho humano a la salud #derechoacurar

Vía PROSALUS

En ningún otro derecho como el de la salud se observa la interdependencia entre los derechos tan claramente, puesto que de la salud dependen otros muchos. Por tanto, además de ser un derecho en sí mismo, la salud tiene la característica de ser condición habilitante para el ejercicio de otros derechos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho a la salud en el artículo 25, párrafo I, cuando afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Este derecho, está consagrado de manera extensa en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): “Los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Sin embargo, la salud no siempre fue considerada un derecho. En el momento de plasmar en tratados obligatorios los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron divididos en dos pactos: por un lado, los derechos civiles y políticos, ligados a las libertades, cuya obligatoriedad era inmediata; y por otro lado los derechos económicos, sociales y culturales, ligados a las necesidades, como educación, salud y vivienda, a los que el Estado debe proveer de manera progresiva, en la medida que cuente con los recursos necesarios.

Se podría decir que éstos últimos son considerados derechos caros, porque requieren inversiones estatales para su cumplimiento. Estados Unidos ratificó únicamente el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, pero no el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, por tanto, la salud no es considerada un derecho sino un servicio, al que se accede si se tiene medios para ello.

Los Estados que sí han ratificado el PIDESC deben “adoptar medidas” para que “de forma progresiva” y “en la medida de los recursos disponibles”, puedan implementar los derechos económicos, sociales y culturales. El problema es que la obligación de adoptar medidas es poco laxa y los Estados a veces confunden progresividad con aplazamiento. Por tanto, se hace imprescindible que estos derechos se adopten dentro de un plazo razonablemente breve, tras la entrada en vigor del pacto.

Si atendemos a estas peculiaridades ¿cómo medimos la violación o no de este tipo de derechos? Evidentemente no viene dada por un acto contrario a derecho, sino por omisión, muchas veces condicionada por la existencia de recursos que permitan la satisfacción de esos derechos.

El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura la de toda persona a controlar su salud y su cuerpo. Entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud, dentro de un Estado pluralista, que impida las discriminaciones de todo tipo.

¿Cuáles son las obligaciones del Estado?

En primer lugar la obligación de respetar, que implica que los gobiernos deben abstenerse de toda medida que impida a la población satisfacer estos derechos, por ejemplo abstenerse de ciertas prácticas como la emisión de gases tóxicos por parte de empresas estatales, o negarse a la firma de tratados comerciales que encarezcan medicamentos, etc.

La segunda es la obligación de proteger, por la cual los gobiernos deben crear mecanismos judiciales, administrativos o políticos, para garantizar que una persona cuyos derechos han sido violados puede tener defensa. Pero además se deben prevenir posibles violaciones a los derechos no sólo de sus agentes sino de terceras partes, como consorcios, empresas, grupos multinacionales, etc. Por ejemplo, ¿qué medidas adopta el Estado para proteger el derecho humano a la salud cuando firma el Tratado de Protección a la propiedad intelectual que le impuso la OMC? La firma de ese tratado está pensada para proteger a los grandes laboratorios farmacéuticos de los países del Norte y es un requisito indispensable para poder ingresar a la misma.

Y la tercera es la obligación de realizar que plantea cuestiones de gasto público, reglamentación gubernamental de la economía, regulación del mercado (construcción de hospitales y centros de salud, fabricación, provisión y/o compra de medicamentos, provisión de alimentos básicos para evitar muertes por malnutrición, subsidios para viviendas sanas, etc.) provisión de servicios públicos e infraestructuras afines, políticas de subsidios y otras obligaciones positivas.

El nexo entre la salud humana y el ambiente

Como decíamos al inicio “el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.” Sin lugar a dudas, la salud humana depende de la voluntad y la capacidad de una sociedad para mejorar la interacción entre la actividad humana y el ambiente químico, físico y biológico. Esto debe hacerse de manera que promocione la salud humana y prevenga la enfermedad, manteniendo el equilibrio y la integridad de los ecosistemas, y evitando comprometer el bienestar de las futuras generaciones.

En este sentido, el ambiente juega un papel importante en el incremento o reducción de la morbimortalidad para enfermedades transmisibles como la hepatitis, el dengue, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la malaria, y no transmisibles como el cáncer, las cardiopatías y las enfermedades cerebrovasculares.

Los factores ambientales ejercen una contribución significativa sobre los niveles de salud de la población. Una adecuada organización social y de los servicios de salud, bajo una real voluntad política impacta decisiva y positivamente en los niveles de salud.

 

Tomado de la revista Trimestral número 91 de julio de 2011 de PROSALUS.

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