• pobrezacero@coordinadoraongd.org

Category ArchiveSin categoría

Día del trabajo decente para una filosofía de transformación

 

Conmemorar el día del trabajo decente

Lo bueno que tienen las conmemoraciones de día internacional de esto o de lo otro es que nos sirven para hacer una reflexión del porqué del día y, además, motivarnos para actuar por  el motivo señalado.

Este puede ser el caso del 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Fue la Organización Internacional del Trabajo, un organismo tripartito donde como elemento singular se sientan en igualdad de condiciones los sindicatos, empresarios y los gobiernos (aunque muchas veces hay una coalición entre los dos últimos), la que acuñó el concepto de trabajo decente. Con esto, querían definir trabajo con derechos, con ingresos suficientes para mantener un hogar y a una familia, con seguridad y protección social, ello en una sociedad inclusiva y democrática.

En este mundo, con una inmensa capacidad de transmitir mensajes y con múltiples canales informativos y de entretenimiento, hay un interesado olvido de entender que el trabajo es forma parte central de la sociedad. El trabajo es el que crea la riqueza que hay en este mundo. Nos procura rentas, redefine nuestros intereses e inquietudes.

Siendo esto cierto, al mismo tiempo, asistimos a debates sobre robotización y a un futuro de cambio tecnológico donde se minimiza la “fuerza de trabajo”. Se habla también de cambios profundos en la relación con la naturaleza, nuestra vida cotidiana y el cambio de pautas de consumo.

Además,  está pendiente de resolver la problemática de cómo y cuánto en la isla europea se mantendrá un sistema de prestaciones sociales universales, que hasta ahora está ligado, en buena parte, a los impuestos procedentes de las rentas de trabajo. Unas rentas procedentes del trabajo que menguan con respecto a los beneficios del capital en una globalización que está produciendo una desigualdad obscena.

Una desigualdad obscena tanto de riqueza, como de flujos de renta. Riqueza de unos pocos cientos de personas frente a millones o ante miles de millones de personas. No es baladí la existencia de los paraísos fiscales y de su mantenimiento gracias a los gobiernos que dicen que quieren combatirlos. Diferencias de ingresos laborales, que antes eran de 1 a 4, después 1 a 10, ayer de 1 a 100, y sigue creciendo la desigualdad de la valoración del trabajo según sean unas tareas u otras, eso sin entrar en el significado moral de unos u otros trabajos.

La desregulación laboral, las cadenas de valor de multinacionales que conducen el 60 por ciento del comercio mundial, la tercerización planteada por plataformas digitales de prestación de bienes y servicios, que quieren escaparse de realizar su actividad con una relación laboral típica y también de una fiscalidad sobre sus ingresos, etc., producen una vuelta a una informalidad económica, fomenta unas devaluaciones laborales que ayudan a la extensión del trabajador pobre, aquel que aún trabajando no obtiene unas rentas suficientes para salir de ese estadio de precariedad.

Frente a estos fenómenos hay reacciones. No suficientes, pero hay que acrecentarlas.

Desde el plano discursivo y también desde el lado normativo. Bien está que el trabajo decente y su extensión universal estén incorporados dentro del Objetivo octavo del Desarrollo Sostenible que todos los gobiernos del mundo se comprometieron a cumplimentar,  reordenando sus políticas para lograrlo, formando parte de la Agenda 2030. También el Gobierno de España viene obligado por ese compromiso y a otros que debieran ser el eje de la política y de los presupuestos. Está en nuestra mano, paso a paso, el modificar una política económica y ambiental, reorientándola, poniendo como horizonte esos Objetivos universales.

También, hay que resaltar, se puede alcanzar en los próximos meses un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el respeto de los derechos humanos y las transnacionales y otras empresas. Hay un foco, que esperemos continúe, sobre la elusión fiscal de grandes empresas transnacionales y esperemos que concluya haciéndolas pagar en la misma proporción que las pymes,…

Nadie tiene muchas respuestas. Sabemos que hay que cambiar de sistema productivo, abogar para que haya más investigación, cambiar las pautas de consumo, rechazando la obsolescencia programada; ir hacia una transición energética, mejorar la redistribución y el tiempo de trabajo para lograr una sociedad más inclusiva. Es imprescindible vencer las desigualdades y crear una economía sostenible, con un trabajo decente para una vida digna.

Estos axiomas son vectores de cambios. Son esas respuestas. Y son las que nos deben llevar a  exigirnos una coherencia entre lo que racionalmente creemos que es lo mejor para nosotros y  nuestros hijos y nuestro comportamiento individual y también colectivo para rechazar la miseria que sufre mucha parte de la humanidad y lograr una filosofía de la transformación.

Santiago González Vallejo, USO – SOTERMUN

 

 

 

Please follow and like us:

El sistema: licencia para incumplir derechos humanos

La contribución de las empresas a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo parece ser una cuestión de fe. Es decir, no se cuestiona. Ni en la forma, ni en el fondo. La consecuencia directa de dar por hecho que esa función sólo puede ser positiva, oculta impactos que en demasiadas ocasiones son justamente lo contrario. Puede resultar sorprendente pero no existen a nivel internacional ni nacional medidas de obligado cumplimiento que pongan freno a proyectos empresariales que pueden vulnerar derechos humanos en los territorios. Todo se queda en unas recomendaciones.

No es una afirmación precipitada. La reciente aprobación en España del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, nos manda precisamente este mensaje. En el texto puede leerse que el respeto por los derechos humanos “….contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco óptimo para desarrollar sus operaciones empresariales…”. Es decir, el cumplimiento de los derechos humanos en los negocios se entiende como una ventaja para ser más competitivos, no como una obligación. Por ello, el plan no establece límites ni condiciones al trabajo de las empresas. Se queda en la realización de acciones de sensibilización, como si el respeto a los derechos humanos y la defensa de los recursos naturales pudiera ser cuestión de “ser más o menos sensibles”.

Sin embargo, estamos dando la espalda a una realidad cada día más cruda. A medida que determinados recursos escasean (ya sean minerales, energéticos o de producción), las empresas acceden a zonas de gran valor ecológico, con poblaciones asentadas -muchas indígenas- que viven en esos territorios. El choque es inevitable y los conflictos ambientales no dejan de aumentar. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, ya son más de 1.750 conflictos en el mundo, la mayoría relacionados con industrias extractivas entre las que hay una elevada presencia de empresas extranjeras, parte de ellas españolas.

La cara humana de estos conflictos son los y las defensores del derecho a la tierra, al agua, al medio ambiente general; en muchos casos, líderes y lideresas de pequeñas comunidades que se enfrentan a amenazas porque su lucha interfiere con los intereses económicos. Son ellos quienes se encuentran ante la disyuntiva de proteger su territorio o perderlo para siempre por proyectos empresariales sobre los que nadie les consultó previamente. Sus batallas se traducen con mucha frecuencia en violaciones de los derechos humanos, cuando no en la muerte. El caso más conocido es el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres en defensa de un río. Pero hay mucho más.

La persecución es algo que conoce bien el líder quetchí Bernardo Caal, cuya defensa del río Cahabón, en Alta Verapaz (Guatemala) frente a la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico -en el que participa la empresa española ACS-, ha provocado una preocupante ola de difamaciones y de criminalización tanto hacía él como a su familia.  Tanto es así que tuvo que permanecer oculto, cambiando de domicilio cada dos días, durante cuatro largos meses de este mismo año. El delito de Caal fue denunciar que no se había consultado a la población indígena antes de que el gobierno de Guatemala cediera la explotación del río Cahabón, sagrado para los indígenas, a la empresa de Florentino Pérez y de preocuparse porque no había beneficio para las comunidades quetchís de la zona. Cuando se quisieron dar cuenta, el río, que les provee de agua y alimentos, se había quedado prácticamente sin cauce.

Hay que recordar que todo ello ha ocurrido en una región, el departamento de Alta Verapaz, que está considerada como una de las más pobres del país, y por ende de Centroamérica. Y en un municipio, San Pedro Carchá, en el que el 95% de la población no tiene acceso al agua potable.

Volviendo al principio. ¿Es esta la contribución adecuada de las empresas a la reducción de la pobreza? Desde luego que las empresas pueden contribuir al desarrollo, pero mientras el respeto a los derechos humanos y la protección de los recursos naturales no sean de obligado cumplimiento, la realidad nos dice que no es posible.

Por ello, denunciamos un poder que se acumula en manos únicamente de quienes acumulan todo el dinero. Empresas y personas que hacen “políticas a medida”, y Estados que contribuyen a que estas desigualdades obscenas se perpetúen. Necesitamos un cambio profundo en nuestra concepción de lo que significa el desarrollo. También es necesario revisar si se puede seguir permitiendo el enriquecimiento sin medidas de unos pocos, a costa de la salud y el bienestar del planeta y de todos los seres humanos.

Almudena Moreno, responsable de la campaña sobre empresas y derechos humanos (TIERRRA) en Alianza por la Solidaridad.

 

Please follow and like us:

No es momento de callar

Por Francesc Mateu, vicepresidente de la Coordinadora de ONGD

Publicada originalmente en ara.cat el día 1 de agosto de 2017

“No sé si aquello era legal. Pero si lo era, lo que allí pasaba se contraponía con el concepto de humanidad. Lo que hicimos los pasajeros es responder con humanidad”. Estas palabras las dijo Mikel, una de las 11 personas a las que Vueling expulsó de un vuelo a Senegal el viernes 14 de julio, en la rueda de prensa donde lo explicaron unos días después.

Please follow and like us: