La fórmula es clara: 90.000 millones de euros podrían recaudarse si se lucha eficazmente contra la elusión fiscal, los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, etc., y esto es lo que la Alianza ha intentado explicar en el Congreso con la entrega de un "mapa del tesoro" que indica dónde está el dinero necesario para la reducción del déficit y la garantía de derechos sociales como la sanidad, la educación o la cooperación al desarrollo.

La Alianza Española contra la Pobreza representa a más de 5 millones de personas y considera que no se está haciendo el esfuerzo que la situación requiere. Según Jorge Serrano, Coordinador del área de Estudios y RRII de Entreculturas y miembro de la Coordinadora de ONGD, "si los Presupuestos Generales 2012 se aprueban con los recortes anunciados tendrán unas consecuencias nefastas y dramáticas para millones de personas, en nuestro país y en todo el mundo".

Por su parte, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) advierte de que estos recortes dispararán el número de personas en riesgo de exclusión. "La demanda de ayudas en los servicios municipales ya ha aumentado hasta un 250% en algunos casos", destaca la presidenta del CGTS, Ana Lima.

Gabriela Jorquera, de EAPN-Madrid, afirmó que "más de 12 millones y medio de personas en España están en riesgo de pobreza y exclusión, a los que sumar los cientos de millones de personas beneficiarias directas de la cooperación española que ve reducido su presupuesto casi a la mitad, 47,6%".

Por eso es importante que esta crisis no la paguen quienes menos tienen, "el sistema fiscal no redistribuye eficazmente, en esta crisis hay quienes salen ganando: la especulación y la banca. Y, si no se crean rápidamente instrumentos para evitar el fraude, no se podrán cobrar impuestos a los que más se han lucrado en estos años de crisis", concluyó Pablo Martínez, de la Plataforma 2015 y más.

En la entrega han estado presentes Izquierda Plural, Grupo Mixto, EAJ-PNV, PSOE, UPyD y CiU, que recibieron la propuesta de la Alianza. A todos los grupos parlamentarios se les ha hecho llegar "el mapa del tesoro" y las propuestas fiscales para aumentar los ingresos del Estado y poder así redistribuirlos de mejor manera.

La propuesta entregada en el Congreso recoge datos comparativos sobre la capacidad de recaudación de nuestra Hacienda pública respecto a los países de nuestro entorno y sobre la inversión social que se asigna en presupuestos: España está muy por debajo de la media de la UE en inversión social, para reducir esta brecha debería pasar del actual 22,'7% al 30% del PIB. También se plantea la revisión de medidas, como la "amnistía fiscal", que premian a los defraudadores y grandes fortunas y no contribuye a paliar la desproporcionalidad del sistema fiscal español, y otras propuestas concretas para ser incorporadas al debate sobre la Ley Presupuestaria.

Es imprescindible cambiar la imagen de los impuestos, que el fraude fiscal resulte socialmente inaceptable,  dotar de medios humanos a la lucha contra el fraude y llevar a cabo una reforma tributaria para hacer justicia fiscal y distributiva.

 

NO HAY QUE RECORTAR EN INVERSIÓN SOCIAL SINO COBRAR LAS DEUDAS FISCALES A QUIENES DEFRAUDAN. #recortaelfraude

 

Asimismo, junto al mapa, entregaron a los diputados la siguiente carta:

 

LOS PRESUPUESTOS GENERALES SON INJUSTOS Y PENSADOS PARA LOS RICOS

• Medidas como la "amnistía fiscal" premian a los defraudadores y grandes fortunas y no contribuyen a paliar la desproporcionalidad del sistema fiscal español
  
  
• España está muy por debajo de la media de la UE en inversión social, para reducir esta brecha debería pasar del actual 22'7% al 30% del PIB
  
  
• Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) atentan contra las personas más vulnerables: más de 12 millones y medio de personas que en España están en riesgo de pobreza y exclusión y otros tantos millones de personas beneficiarias directas de la cooperación española
  
  
• Hay alternativas a los recortes sociales: recortar el fraude fiscal

La Alianza Española contra la Pobreza rechaza los PGE por ser injustos, desproporcionados e insolidarios.  La aprobación de estos PGE supondría una ruptura del consenso social y político expresado en el Pacto de Estado contra la Pobreza, firmado por todas las fuerzas políticas en 2007 y que establecía que en 2012 se cumpliría el objetivo del 0,7% de la RNB para AOD, y el objetivo que se asume el Programa Nacional de Reforma que compromete a España a disminuir el riesgo de pobreza y exclusión hasta alcanzar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión en el estado español.

Los PGE inciden brutalmente en el recorte de inversiones sociales, y de manera innecesaria, puesto que no contempla el aumento de ingresos del Estado. Persiguiendo el fraude fiscal con un nivel de eficacia similar a los países del entorno europeo se captarían unos 40.000 millones de euros, más de lo que suponen los recortes planteados en los presupuestos. Con un impuesto a las transacciones financieras podría recaudarse más de 3 veces lo que se ha recortado en ayuda al desarrollo, la ayuda a los países más pobres (1.630 M?).

Los PGE no contemplan la mejor alternativa posible a los recortes sociales: recortar el fraude fiscal de las rentas más altas, principales responsables del mismo. La Alianza sabe cómo hacerlo y se lo explicaremos al ministro muy pronto.