El pasado martes 21 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó los presupuestos por 177 votos a favor y 171 en contra. Estos recortes sitúan a España cada vez más lejos del compromiso de destinar el 0.7% de la RNB en 2015.

El pasado mes de mayo, el gobierno ya anunció una disminución en la AOD de 300 millones para 2010 y de 500 millones para 2011. Sin embargo, el Congreso ha ido aún más allá y ha aprobado unos Presupuestos Generales del Estado que amplían este recorte hasta 900 millones de euros. De esta forma, el conjunto de la AOD española se situará en torno al 0,36%, diez puntos por debajo del 0,46% de la RNB ejecutado en 2009. Y estando a la espera de la aprobación de los presupuestos de las Comunidades Autónomas.

La Coordinadora recuerda que la ciudadanía española sigue apoyando la ayuda al desarrollo, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se considera la pobreza y la desigualdad entre ricos y pobres el mayor problema al que se enfrenta el mundo, por delante del terrorismo y los conflictos bélicos.

La crisis no puede ser la excusa para seguir recortando en las personas y en sus derechos. Otros países europeos, como Irlanda, que acaba de ser rescatado por la UE, no han retrocedido tanto en sus compromisos de lucha contra la pobreza y ha mantenido la AOD en el 0,5% en respuesta a las demandas de su sociedad civil.

A pesar de que la recién aprobada ley del Fondo para la Promoción del
Desarrollo establece que la ayuda reembolsable no puede superar el 5% del total de la AOD, la Ley de PGE para 2011 incluye 645 millones de euros en ayuda reembolsable, lo que representa más del 15% de la AOD total. Con esta medida el gobierno ha hecho oídos sordos a las demandas de la sociedad civil, y a las enmiendas presentadas por algunos grupos parlamentarios que pretendían ajustarse a lo establecido en la ley.

Esta medida generará además una deuda que los países empobrecidos no podrán asumir y que en última instancia pagarán sus ciudadanos y ciudadanas.

Por otra parte, la Coordinadora muestra su preocupación sobre el efecto contagio que este tipo de medidas puede tener sobre los presupuestos de la cooperación descentralizada (la realizada a través de las CCAA y los Ayuntamientos).Ante tal situación la Coordinadora considera que aún estamos a tiempo de demostrar que, a pesar de la crisis, España no solamente es solidaria sino que además cumple sus compromisos.

La Coordinadora denuncia el incumplimiento, por parte del gobierno, de los compromisos legales y políticos adquiridos y desoye las demandas de la ciudadanía. "Precisamente en un contexto como el actual, las personas y sus derechos deberían ser lo primero; ése es el mejor valor en el que debemos invertir", ha manifestado Eduardo Sánchez, presidente de la Coordinadora.