Ante la próxima elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 (PGE), la Alianza Española contra la Pobreza manifiesta su rechazo a la anunciada reducción del  gasto público social e insta al Gobierno a tener en cuenta que los PGE influyen en el ejercicio de derechos para todas las personas.

Los presupuestos se presentan en un contexto global marcado por medidas de austeridad que están significando el aumento de personas privadas de derechos básicos como la alimentación, la salud o la educación, tanto en España como en otros países.

El argumento utilizado para justificar medidas de ?austeridad?, orientadas a cumplir con el objetivo de déficit marcado por Bruselas, se apoya en el supuesto erróneo de que España y sus Comunidades Autónomas están gastando más de lo que pueden en el mantenimiento del Estado de Bienestar. Mientras tanto, la evidencia científica disponible en datos del Eurostat o del Observatorio Social de España, muestra claramente que esto no es cierto.

España es el país que tiene un gasto público social^[i] por habitante más bajo de la UE-15. Esto no se debe a que España sea pobre y no pueda gastarse más. En realidad, España ya está en el nivel de desarrollo económico de la UE-15. Su PIB per cápita es ya el 93% del promedio de la UE-15. Y en cambio, el gasto público social por habitante en España es sólo el 71% del promedio del gasto público social por habitante de la UE-15.

La Alianza Española contra la Pobreza insta al Gobierno de España a que tome medidas para elevar el capítulo de ingresos en los PGE, evitando así que el costo del ajuste fiscal vuelva a ser pagado por las capas más vulnerables de la población española, como sucederá si tan sólo se dedica a recortar el gasto público social.

España es el tercer Estado con menos ingresos de la UE-15, sólo por encima de Irlanda y de Portugal. Como contraste, también tiene el mayor fraude fiscal y la mayor regresividad en su carga fiscal (es decir, las rentas más altas pagan menos que el resto de la ciudadanía). Aunque el sistema fiscal español es técnicamente progresivo, las variadas formas que permiten y alientan la elusión fiscal de capitales y sociedades hacen que, en términos reales, el sistema sea regresivo.

Por todo ello solicitamos al gobierno del señor Rajoy que no reduzca aún más la inversión social en España sino que avance hacia la media europea,  que debe ser considerada como un motor de la economía y como la verdadera apuesta por el futuro. Igualmente instamos al gobierno del Partido Popular a que no utilice los recortes sociales como una herramienta para reducir el déficit, algo que sólo creará más pobreza e impedirá aprovechar el potencial de gran parte de la ciudadanía, ahondando la espiral de crisis en la que nos encontramos actualmente.

Demandamos que para ello aumente la recaudación subiendo los tipos impositivos a las rentas altas luchando contra la elevada economía sumergida, la alta evasión fiscal y los paraísos fiscales^[ii] y estableciendo un impuesto a las transacciones financieras^[iii].

La Alianza Española contra la Pobreza también expresa su rechazo a la distribución presupuestaria con la que el actual gobierno realizó el recorte de 8.900 millones de euros de los PGE 2011, mediante el acuerdo de no disponibilidad de créditos aprobado en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011. La distribución de aquellos recortes se centró en reducir el gasto social, sin plantear la posible reducción de partidas dedicadas a defensa o a garantías para el sistema financiero. Si los próximos PGE precisan reducir partidas del capítulo de gastos, el Gobierno deberá hacerlo en aquéllas que no supongan pérdidas de derechos sociales para la ciudadanía ni el retroceso del modelo económico y social basado en derechos.

La lucha contra la pobreza y la exclusión social, tanto en España como en otros países, y la inversión en políticas sociales deberían centrar el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que cualquier medida que se plantee para salir de la crisis debe basarse en la solidaridad universal, la dignidad humana y debe poner en el centro a las personas.

Los PGE tienen que ser una respuesta a la crisis enfrentando la desigualdad, defendiendo y fortaleciendo los sistemas públicos de garantía social como la educación, la sanidad y la protección social. Invertir en el acceso a un empleo de calidad, primando iniciativas que contribuyan a un modelo de producción y de consumo basado en estándares de sostenibilidad medioambiental. Deben estar orientados a la promoción y defensa de los derechos laborales y de  ciudadanía, en una sociedad donde el trabajo decente y con derechos sea una realidad. La sociedad española pide unas reglas justas y democráticas basadas en el respeto a los derechos humanos como la mejor forma para salir de la crisis que los mercados y los intereses financieros han desencadenado.

La Alianza Española contra la Pobreza hace las siguientes propuestas de cara a la elaboración de los PGE:

• Compromiso de no reducir la AOD a límites inferiores a la AOD ejecutada en 2009 (0.46%) aumentándola en los próximos años de manera proporcional al incremento de la RNB, y man­teniendo el horizonte de 2015 como compromiso para alcanzar el 0.7%.
• Igualar el gasto público en educación a la media europea, aumentándolo progresivamente hasta alcanzar el 7% del PIB.
  
• El Estado debe dedicar un 30% de PIB a gasto social, reduciendo así el desfase con la media de la UE.
  
• Mantener el camino hacia una financiación del gasto sanitario que se equipare a la media de la UE-15 (7,3% del PIB).