Desde 1972 los países enriquecidos vienen hablando de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Casi 40 años después no hemos alcanzado esta cifra.

En 1982 los partidos políticos españoles se comprometieron a llegar gradualmente al 0,7% del PIB para ayuda al desarrollo. En 2005 los estados miembros de la Unión Europea se comprometen a aumentar los presupuestos dedicados a la ayuda hasta alcanzar el 0,7 % del producto interior bruto para 2015, con un objetivo colectivo intermedio del 0,56 % para 2010.

Y en 2007 los partidos políticos españoles firman el Pacto de Estado contra la Pobreza, en donde España se compromete a alcanzar el 0,7% en el 2012.

Casi tres años después de la firma del Pacto contra la Pobreza, España retrocede en los compromisos asumidos, recortando la Ayuda Oficial para el Desarrollo en 2011, un recorte sin precedentes, que nos hace retroceder del 0?51% en 2010 a un 0?4% en 2011, incumpliendo con el compromiso adoptado en el Consenso Europeo para el Desarrollo (2005) de alcanzar el 0.7% en 2012, y retrasándolo a 2015.

A pesar de los retrocesos en la cantidad de la ayuda, el Pacto de Estado ha demostrado ser un instrumento útil que, gracias al esfuerzo de todos los actores, ha logrado consolidar un sistema de cooperación internacional basado en el consenso, la voluntad política y la acción integrada de los diferentes niveles de la administración del Estado (estatal, autonómico y local), convirtiendo a España en un actor relevante en el escenario internacional.

El modelo de Cooperación para el Desarrollo y de Educación para el Desarrollo español se ha consolidado como una seña de identidad de nuestro país y como un referente en la escena internacional. Y esto ha sido gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad, con el apoyo explícito y reiterado de la ciudadanía, y gracias a la acción de partidos políticos, gobiernos locales, autonómicos y estatal, organizaciones sociales y universidades.

A cerca de tres años de su firma el espíritu del Pacto sigue vigente y se ha visto reflejado en los principales documentos rectores e instrumentos de la cooperación española, como el III Plan Director; así como en la voluntad política de gobiernos autonómicos y locales expresada en la firma de 6 pactos autonómicos (La Rioja, Cantabria, Baleares, Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia), 15 locales (Zaragoza, Logroño, Tudela, Toledo, Talavera de la Reina, Sebastián de los Reyes, Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Villaba-Atarrabia,  Vitoria-Gasteiz, Berriozar, Donostia-San Sebastián, Palma de Mallorca y Huelva) y 2 provinciales (Cuenca y Guadalajara).

Se han logrado avances en el desarrollo de algunas de las medidas concretas de gestión e iniciativas legislativas planteadas en el Pacto de Estado, como por ejemplo:

-       La reforma de la normativa relativa a subvenciones de cooperación a través del desarrollo de la disposición adicional 18ª de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

-       La reforma del instrumento del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) con la aprobación de la Ley del Fondo de Internacionalización de la Empresa Española (FIEM) y la Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo, con una consecuente limitación de la ayuda reembolsable al 5% del total de la AOD.

-       La asunción de los compromisos internacionales de cancelación de deuda y las cancelaciones bilaterales que se están llevando a cabo y que van más allá de las prácticas habituales de la comunidad internacional.

-       El mantenimiento de la tendencia al alza de las contribuciones a las instituciones multilaterales no financieras y la definición de una estrategia de cooperación multilateral.

-       La creación en 2008 de la Comisión Consultiva sobre Negociaciones Comerciales Internacionales con la presencia de las administraciones publicas, agentes económicos y sociales y organizaciones de la sociedad civil.

-       El avance en la desvinculación de la AOD de la compra de bienes y servicios de origen español (ayuda ligada).

No obstante, existen aún medidas de gestión e iniciativas legislativas pendientes, cuyo desarrollo se hace más urgente en el actual contexto de crisis y del cumplimiento del plazo marcado para alcanzar los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Con el fin de dar respuesta a los retos que presenta la coyuntura actual, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, solicita:

MÁS AYUDA Oficial al Desarrollo, aumentando el presupuesto destinado a AOD y no romper la senda del 0.7%. Reflejando este incremento en las partidas más eficaces en la lucha contra la pobreza, como por ejemplo las destinadas a Servicios Sociales Básicos o a los Países Menos Adelantados.

Impulsar medidas de lucha contra la crisis que se dirijan prioritariamente hacia los responsables y causantes de la misma; buscando  otras soluciones para reducir el déficit y apostar por el crecimiento económico y social, sin que esto repercuta negativamente a las personas más empobrecidas.

Ejecutar el total de la ayuda presupuestada ya que la tendencia de los últimos años es de baja ejecución según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2008 estuvo un 14% por debajo de lo previsto, en 2009 se alcanzó el 0,46% de la RNB, estando presupuestado el 0,5%.

MEJOR AYUDA, desligada de intereses comerciales, migratorios y de política exterior, orientada a los países más empobrecidos y coherente con los Objetivos del Milenio. Hay aspectos claves de la agenda de la eficacia que continúan sin ser abordados:
-       La apropiación democrática, es decir, que las estrategias de desarrollo sean definidas no de forma exclusiva entre el gobierno donante y socio, sino que se posibilite la participación de los parlamentos y la sociedad civil de ambos países;

-       La eliminación de cualquier condición impuesta al país receptor de la ayuda, por ejemplo de tipo económico o migratorio, y limitándolo de forma exclusiva a avances en materia de derechos humanos y gobernabilidad;

-       Mejoras en la previsibilidad de la ayuda, de manera que los países receptores puedan elaborar estrategias de desarrollo realistas.

Tal y como el propio Parlamento Europeo ha reconocido, una ayuda de mejor calidad podría liberar anualmente 3000 millones de euros, lo que tendría un impacto enormemente positivo en la vida de miles de personas y más en un contexto en el que los países muestran poca voluntad de aumentar su AOD. Se necesitan dar pasos claros, para lo cual sería útil traducir los compromisos políticos y técnicos en legislación vinculante.

MÁS COHERENCIA en las políticas para el desarrollo, para alcanzar logros concretos en materia de desarrollo ya que la AOD es necesaria pero no suficiente, poniendo en marcha entre otras medidas las contempladas en el III Plan Director, garantizando que el desarrollo sostenible, la igualdad de género y los derechos humanos son la base de toda política española que afecte a los países empobrecidos; con especial atención a las políticas comerciales, agropecuarias, migratorias, financieras, ambientales y de seguridad.