La deuda externa supone la asfixia económica para las cuentas públicas de los países empobrecidos que ven muy limitada su capacidad para invertir en recursos necesarios para erradicar la pobreza, y las oportunidades reales de desarrollo quedan condicionadas por sus obligaciones financieras.

Para el conjunto de los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), su deuda externa alcanza como promedio el 70% del producto nacional bruto, existiendo países en los que llega a suponer el 200% de su riqueza. Cada año, este conjunto de 42 países se encuentra con la obligación de pagar el servicio de su deuda externa, que supone como promedio un 3% de su PIB, mientras que las inversiones en sectores sociales como educación y salud suelen quedar por debajo de esa cifra.

Las propuestas de reducción de deuda lanzadas hace algunos años por las instituciones financieras internacionales no han logrado modificar sustancialmente el panorama. Estas propuestas no han incluido entre sus objetivos un análisis de la capacidad que cada país debe garantizar para hacer frente a sus inversiones sociales y a sus estrategias de desarrollo, sino que han priorizado el objetivo del cobro de la deuda por parte de los acreedores. Además, los mecanismos por los cuales se ?acuerdan? las reducciones de deuda externa son claramente parciales, ya que dichos acuerdos responden más a las iniciativas del conjunto de países acreedores que a propuestas que puedan realizar los países endeudados.

Resulta imprescindible afrontar el tema de la deuda externa desde una perspectiva integral, que acepte la estrecha relación entre la deuda y las posibilidades de desarrollo y lucha contra la pobreza. No se trata de un problema de carácter financiero, sino que es una expresión dramática del estrangulamiento de las economías y de las condiciones de vida de millones de personas.

Para ello, España debe promover y hacer efectiva una cancelación sustancial de la deuda externa que impide a los países más pobres destinar recursos suficientes a la lucha contra el hambre y el logro de los Objetivos del Milenio, garantizando que todos los recursos liberados sean destinados a alcanzar dichos Objetivos. España debe respaldar un profundo cambio en el actual sistema de negociaciones de la deuda externa, controlado por los países acreedores a través del Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI), estableciendo un proceso justo y transparente en el que la población de los países deudores sea escuchada.