9 Oct 2017

La obscenidad de las puertas giratorias

Grandes accionistas, directivos empresariales y políticos giratorios. Si se trata de analizar quiénes son los máximos beneficiarios del actual modelo económico, caracterizado por el papel central que juegan las corporaciones transnacionales en el capitalismo global, no hay duda de que estas tres minorías son las que, con mucha diferencia, más han salido ganando.

Hablamos, sin ir más lejos, de accionistas como Amancio Ortega, que solo en este año se habrá embolsado 1.256 millones de euros en dividendos por sus acciones en la multinacional propietaria de marcas como Zara y Bershka. O de gigantes inversores como BlackRock, que acumula participaciones en cinco de las siete entidades financieras del Ibex-35, así como en otras catorce grandes empresas españolas que cotizan en ese índice bursátil. También de directivos como Rafael del Pino y Pablo Isla, presidentes de Ferrovial e Inditex, que fueron los ejecutivos mejor pagados en España en 2016 con unos salarios respectivos de 15,2 y 10,3 millones. Y, por supuesto, de todos esos políticos y empresarios especializados en dar vueltas a las puertas giratorias, con un listado interminable de miembros del gobierno español y de la Comisión Europea que vienen de estar a sueldo de las grandes corporaciones o que, cuando abandonan el coche oficial, pasan a trabajar para esas mismas compañías.

“El capitalismo de los últimos treinta años, y muy en particular el español, ha estado dominado por el lumpenempresariado”, afirma el filósofo César Rendueles: “Personas y empresas que han amasado gigantescas fortunas estafando, saqueando los recursos públicos, utilizando toda clase de ayudas y privilegios de la clase política”. Son esos supermillonarios que concentran en sus cuentas en paraísos fiscales los beneficios empresariales mientras demandan austeridad a sus conciudadanos y exigen el pago de las deudas ilegítimas a las administraciones públicas. Son esos inversores que antes engordaron sus fortunas con sus acciones en constructoras y petroleras y hoy hacen negocio con los alquileres y la turistización de las grandes ciudades. Son esos ejecutivos que, a la vez que los trabajadores con rentas más bajas no han dejado de ver cómo se depreciaban sus salarios, han incrementado sus retribuciones un 63% en los últimos años. Son esos políticos que tienen un asiento asegurado en los consejos de administración de las compañías del Ibex-35 cuando decidan retirarse de la vida pública y quieran pasar a recoger los frutos del trabajo que previamente han hecho desde los gobiernos.

“Basta de complejos. No creo que por ser rico nadie deba sentirse culpable ni ocultarse. Dejémonos de prejuicios”, decía hace unos años el director de la edición española de la revista Forbes. Pero el caso es que, como se puede demostrar al analizar el caso de los mayores millonarios españoles, la explotación laboral, la corrupción y la evasión fiscal, lejos de ser un cliché, son las prácticas que constituyen el modus operandi habitual del capitalismo español desde sus inicios.

Pedro Ramiro (@pramiro_) y Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

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7 Oct 2017

Contra la desigualdad obscena, trabajo decente

Conmemoramos, un año más, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Una iniciativa promovida por la Confederación Sindical Internacional (CSI) que, desde 2008, concentra los días 7 de octubre movilizaciones en todo el planeta en defensa de unas condiciones de trabajo dignas.
Este año, Comisiones Obreras sitúa la lucha contra la precariedad laboral en el centro de la reivindicación. El empleo de calidad y con derechos, salarios dignos y un sistema público de pensiones fuerte y sostenible son fundamentales para garantizar al conjunto de la clase trabajadora una vida digna.
Es el momento de intervenir para que el futuro no se construya sobre cimientos de precariedad, para que no se consolide el retroceso en derechos vivido durante la crisis. Una crisis que ha servido de excusa para empeorar las condiciones de trabajo, reducir los salarios y aplicar la receta de la austeridad a los más débiles de la economía, disparando las desigualdades en nuestro país.
Como señala la Confederación Sindical Internacional (CSI), el trabajo decente debe ser un elemento central de las acciones y políticas de los gobiernos para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía mundial que dé prioridad a las personas. “Los Gobiernos han de prestar atención a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras que reclaman salarios decentes, empleos seguros y con derechos, y que deje de ser la codicia corporativa de las empresas la que establezca las reglas de la economía. Esto implica asegurar que los salarios mínimos sean suficientes para garantizar un nivel de vida digno y que todos los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a afiliarse a un sindicato y a la negociación colectiva”.
Ya en la primera convocatoria, allá por el año 2008, la Jornada puso el foco en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, un objetivo que ha compartido a lo largo de esta década con la campaña mundial contra la pobreza, abordando cuestiones de comercio global, ayuda e inversiones.
Con tan sólo diez días de diferencia, el 17 de octubre, y en este caso junto a la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad, volveremos a denunciar la injusticia que encarna un modelo económico que ha propiciado que desde 2015 el 1% acumule más riqueza que el resto del planeta , mientras el 80% de la población mundial considera el salario mínimo de su país demasiado bajo.
Pese a sus distintos orígenes, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza están estrechamente vinculados y nos recuerdan, una vez más, la urgente necesidad de mejorar la distribución de los recursos en este planeta. Porque son inaceptables las altas tasas de pobreza, porque no hay vida digna sin trabajo decente. Es hora de acabar con la #DesigualdadObscena

Paula Guisande, Secretaria de Política Social y Movimientos Sociales, CS CCOO

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6 Oct 2017

El sistema: licencia para incumplir derechos humanos

La contribución de las empresas a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo parece ser una cuestión de fe. Es decir, no se cuestiona. Ni en la forma, ni en el fondo. La consecuencia directa de dar por hecho que esa función sólo puede ser positiva, oculta impactos que en demasiadas ocasiones son justamente lo contrario. Puede resultar sorprendente pero no existen a nivel internacional ni nacional medidas de obligado cumplimiento que pongan freno a proyectos empresariales que pueden vulnerar derechos humanos en los territorios. Todo se queda en unas recomendaciones.

No es una afirmación precipitada. La reciente aprobación en España del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, nos manda precisamente este mensaje. En el texto puede leerse que el respeto por los derechos humanos “….contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco óptimo para desarrollar sus operaciones empresariales…”. Es decir, el cumplimiento de los derechos humanos en los negocios se entiende como una ventaja para ser más competitivos, no como una obligación. Por ello, el plan no establece límites ni condiciones al trabajo de las empresas. Se queda en la realización de acciones de sensibilización, como si el respeto a los derechos humanos y la defensa de los recursos naturales pudiera ser cuestión de “ser más o menos sensibles”.

Sin embargo, estamos dando la espalda a una realidad cada día más cruda. A medida que determinados recursos escasean (ya sean minerales, energéticos o de producción), las empresas acceden a zonas de gran valor ecológico, con poblaciones asentadas -muchas indígenas- que viven en esos territorios. El choque es inevitable y los conflictos ambientales no dejan de aumentar. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, ya son más de 1.750 conflictos en el mundo, la mayoría relacionados con industrias extractivas entre las que hay una elevada presencia de empresas extranjeras, parte de ellas españolas.

La cara humana de estos conflictos son los y las defensores del derecho a la tierra, al agua, al medio ambiente general; en muchos casos, líderes y lideresas de pequeñas comunidades que se enfrentan a amenazas porque su lucha interfiere con los intereses económicos. Son ellos quienes se encuentran ante la disyuntiva de proteger su territorio o perderlo para siempre por proyectos empresariales sobre los que nadie les consultó previamente. Sus batallas se traducen con mucha frecuencia en violaciones de los derechos humanos, cuando no en la muerte. El caso más conocido es el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres en defensa de un río. Pero hay mucho más.

La persecución es algo que conoce bien el líder quetchí Bernardo Caal, cuya defensa del río Cahabón, en Alta Verapaz (Guatemala) frente a la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico -en el que participa la empresa española ACS-, ha provocado una preocupante ola de difamaciones y de criminalización tanto hacía él como a su familia.  Tanto es así que tuvo que permanecer oculto, cambiando de domicilio cada dos días, durante cuatro largos meses de este mismo año. El delito de Caal fue denunciar que no se había consultado a la población indígena antes de que el gobierno de Guatemala cediera la explotación del río Cahabón, sagrado para los indígenas, a la empresa de Florentino Pérez y de preocuparse porque no había beneficio para las comunidades quetchís de la zona. Cuando se quisieron dar cuenta, el río, que les provee de agua y alimentos, se había quedado prácticamente sin cauce.

Hay que recordar que todo ello ha ocurrido en una región, el departamento de Alta Verapaz, que está considerada como una de las más pobres del país, y por ende de Centroamérica. Y en un municipio, San Pedro Carchá, en el que el 95% de la población no tiene acceso al agua potable.

Volviendo al principio. ¿Es esta la contribución adecuada de las empresas a la reducción de la pobreza? Desde luego que las empresas pueden contribuir al desarrollo, pero mientras el respeto a los derechos humanos y la protección de los recursos naturales no sean de obligado cumplimiento, la realidad nos dice que no es posible.

Por ello, denunciamos un poder que se acumula en manos únicamente de quienes acumulan todo el dinero. Empresas y personas que hacen “políticas a medida”, y Estados que contribuyen a que estas desigualdades obscenas se perpetúen. Necesitamos un cambio profundo en nuestra concepción de lo que significa el desarrollo. También es necesario revisar si se puede seguir permitiendo el enriquecimiento sin medidas de unos pocos, a costa de la salud y el bienestar del planeta y de todos los seres humanos.

Almudena Moreno, responsable de la campaña sobre empresas y derechos humanos (TIERRRA) en Alianza por la Solidaridad.

 

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2 Oct 2017

“Ni gente sin casa, ni casas sin gente”

Cada vez más y más personas se están mudando a las ciudades porque es donde están las oportunidades de trabajo y de futuro. Cuando llegan a ellas, querer vivir en el centro choca con un gran problema: el alquiler.Con el auge de las viviendas vacacionales en las grandes urbes, los pisos que quedan libres tienen precios desorbitados a pesar de ser viviendas sin amueblar o por pequeños zulos sin luz y con goteras. Esta situación sorprende tanto como cuando conocemos que nos cuenta que está viviendo a turnos entre casas de amigos o familiares, en pensiones de mala muerte, en casas ocupadas o en sus coches, si es que tienen suerte de tener y poder aparcarlo.

Así, resulta imposible que una o uno pueda elegir dónde quiere vivir. Ya sea porque no nos da el dinero para alquilar una habitación, no reunimos los requisitos mínimos para llegar a la entrevista en la que se escoge a la persona inquilina o simplemente porque ya hay un gran grupo de personas que está pujando por ella cuando tan sólo han pasado 5 minutos desde que anunció.

Y es que parece que a ciertas personas se les ha olvidado que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía.

Un anuncio en Milanuncios decía lo siguiente: “Me urge encontrar un piso. Somos una pareja con un niño de tres años y otro en camino. Nos conformamos con que tenga sitio donde cocinar, nevera, lavadora y ventilación. Estoy con riesgo de parto prematuro por la ansiedad que me provoca llevar más de año y medio buscando algo y nada. Me veo con un bebé en brazos y una casa donde caen goteras, sin ventanas y humedades. Ya mi hijo estuvo ingresado por infección en los pulmones en invierno. Podemos pagar máximo 400 euros”.

El problema de la falta de viviendas dignas y asequibles ha pasado a ser el pan de nuestro día a día tras el paso de la crisis en nuestro país, donde innumerables familias y personas se han visto en la calle tras una notificación del banco y sin saber qué hacer o que tienen derecho a una reparación efectiva.

Cuestión de derechos

Aunque España tiene la obligación de velar por los derechos de su ciudadanía, la realidad es otra: alta tasa de paro, sueldos y condiciones laborales pésimas que junto con la falta de interés, de cubertura social y de las medidas fiscales apropiadas, nos da como resultado desahucios, albergues a rebosar, casas ocupadas, gente viviendo en la calle, etc. Mientras, algun@s políticos que viven en urbanizaciones de lujo, se toman la licencia de olvidarse del asunto y no cumplir con su deber: proteger y velar por los derechos de sus ciudadan@s. Esto tiene un nombre: desigualdad obscena.

Tenemos derecho a una vivienda digna tal y como dice nuestro artículo 47 de la Constitución. Son muchos los colectivos sociales que así lo reclaman. El Mar de Madres L24, de Cataluña, recuerdan que “Un techo en condiciones es la base de la supervivencia humana. Las vidas de las personas que no pueden pagar valen tanto y merecen ser vividas como las de las demás”. Que haya gente sin casa, y casas sin gentes, y de lo que denunciamos en Pobreza Cero. Además, hay responsables que tienen en su mano cambiar el orden de las cosas y propuestas que como ciudadanía podemos hacer al respecto.

Necesitamos un marco de regularización en las ciudades españolas que marque los límites, concretando los precios por zonas y metros cuadrados de la vivienda y que esté adaptado a los salarios de la mayoría de la población. De este modo, muchas de las personas y familias que se están sobre-esforzando para llegar a fin de mes, puedan dejar de sentir que no les da para más el cinturón y ver garantizados sus derechos.

Wei-Hui Cui, Inspiraction

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16 Ago 2016

Top manta: paremos la espiral

 

  • Francesc Mateu (@frmat), vicepresidente de la Coordinadora de ONGD.

Hace un año murió Mor Sylla en Salou durante un operativo de la Policia en su casa. La crisis le hizo “mantero” pero era economista, tenía cincuenta años, era un referente para sus compañeros, a los que ayudaba, y dejó una hija de dos años. Desde entonces los “manteros” han sido el punto de mira de los medios, del Ayuntamiento de Barcelona, de los cuerpos de seguridad y de los comerciantes.

¿Son uno de los principales problemas de Barcelona? Un análisis mínimamente reposado y serio nos hace darnos cuenta de que no. Ni es así, ni puede serlo, por varias razones.

 

En primer lugar, el volumen de ventas del top manta es irrisorio en relación a la actividad comercial de Barcelona. La consulta de cualquier publicación o índice económico hace ridícula cualquier comparación y, en particular, en relación a los ingresos por turismo: somos la segunda ciudad del mundo en volumen de gasto turístico por residente, y la sexta en ingresos totales, con 12.391 millones de euros. El supuesto perjuicio económico que causan los manteros es muy reducido y afecta sobre todo a algunos autónomos y pequeños comercios de zonas concretas donde se colocan. Y sin embargo, hay asociaciones de comerciantes que los han convertido en el enemigo, cuando no lo son realmente aunque como sociedad parece que hemos aceptado que los manteros son una amenaza económica.

 

Tampoco se sostienen los argumentos de su fraude fiscal. Primero que sin papeles no se pueden pagar impuestos directos. Y segundo que los volúmenes de impuestos que no pagan son también ridículos cuando se comparan a la elusión y evasión fiscal de las grandes empresas. Todo el mundo ya es consciente que la elusión y evasión fiscal de las grandes marcas y compañías es un hecho y tiene unos volúmenes desorbitados, pero con ello no se llenan portadas cada día. Como sociedad parece que hemos asumido que contra estas empresas y estas grandes marcas no podemos hacer nada.

 

Si nos fijamos en el problema de orden público este también es muy limitado, el de imagen discutible y la única respuesta clara es la judicial y la policial, amparada por la ley mordaza que nos hemos tenido que tragar. El excesivo despliegue policial y el desacierto de algunos agentes con un trato inhumano en algunos casos hace que muchas intervenciones resulten completamente desproporcionadas por el tipo de delito del que se trata. La misma acusación de “organización criminal” por parte de los policía en la última operación hace unos días, con motivos que no se aguantan por ningún lado, dispara todas las alertas sobre qué hay realmente detrás de esta persecución y criminalización de los manteros. Todo el mundo está de acuerdo en que hay un problema de pobreza y vulnerabilidad detrás, pero de la misma manera que los ignoramos cuando los vemos correr, cuando entran o salen con nosotros en el vagón del metro, o cuando les han metido en la cárcel o en CIE, como sociedad, parece que hemos aceptado también que no podemos hacer nada por ellos.

Manteros

Se han dedicado muchas horas y páginas de periódico a hablar de los manteros, nacionalidades, productos que venden … detalles absurdos. Al mismo tiempo, se ha informado poco y mal sobre las causas multidimensionales del fenómeno, y esto no ayuda a hacerse una idea ni de su dimensión real, ni de cómo abordarlo. Como se ha convertido en un tema de trifulca partidista, se repiten las declaraciones incendiarias sin que nadie aporte argumentos o propuestas diferentes o alternativas. Y sin que se escuchen o se discutan las propuestas de los propios manteros. Todo el mundo sabe que los productos que venden en la calle no los importan ellos, ni los traen ellos de contrabando, sino que los compran en tiendas de la propia ciudad o del área metropolitana de Barcelona. Todo el mundo sabe que el producto llega tranquilamente al puerto de Barcelona y que los verdaderos responsables del comercio masivo de falsificaciones son empresas muy opacas y como sociedad parecería que hemos asumido que contra estas no se puede hacer nada.

 

Como sociedad tenemos un problema. Castigamos al pobre que tenemos delante porque es lo más fácil, y no queremos ver, entender y enfrentar las amenazas más grandes y serias. Ser una capital mundial y un gran destino turístico supone algunas contrapartidas negativas y la menor de ellas es el “top manta”. Con los hoteles, los buses turísticos y las guías con banderitas llegan también los apartamentos turísticos ilegales, las franquicias que terminan con el pequeño comercio, el aumento del precio de los alquileres y del consumo de alcohol -con todo lo que conlleva-, el riesgo de convertirnos en objetivo terrorista. … y el top manta. Lo vemos en todas las capitales globales. Y lo estamos viendo en Barcelona. Hay que asumir que el top manta ha venido para quedarse. En la forma que conocemos, o en alguna otra. Y tal vez ya es hora de que en vez de seguir escalando el conflicto se sienten todos los implicados y responsables políticos y económicos y hablen, porque el problema no es de este Ayuntamiento y de su equipo de gobierno: lo era de los pasados y lo será de todos los que vendrán. Al igual que las contradicciones, porque ciertamente no podemos presumir de ciudad solidaria y acogedora si no miramos a la cara a los manteros.

 

Utilizar los manteros para la disputa partidista, el eslabón más débil, para lanzarse dardos unos contra otros, no resuelve nada y genera problemas añadidos a gente que ya bastante difícil lo tiene. Ahora la oposición hace la batalla a los que gobiernan y cuando les toque a otros, escucharán del otro bando los mismos argumentos que usan ellos. Sólo hay que acercarse a ellos para empatizar con ellos y no entender como tanta gente -individualmente tan sensata- está permitiendo que jóvenes pobres vayan a prisión por vender cuatro cosas en la calle. Es absurdo e injusto. Profundamente injusto.

 

Como ciudad y como sociedad hay que reaccionar. Barcelona es demasiado importante. Todos somos Barcelona al salir de Cataluña o de España, y a todos nos gusta que la reconozcan como una ciudad abierta, viva, divertida y solidaria.

 

Como sociedad no podemos aceptar según qué, aunque parezca el pensamiento imperante, y debemos exigir una solución al tema de los manteros y colaborar en la medida de lo posible.

 

Si los partidos dejan de utilizarlos para desgastarse mutuamente, si los cuerpos de seguridad dejan de utilizarlos para castigar a los políticos, si los grandes empresarios del comercio dejan de utilizarlos contra un gobierno que no les gusta, si los pequeños comerciantes se dan cuenta que su problema es el gran comercio y no los manteros, si todos juegan limpio darán cuenta de que hay que detener esta espiral. Hay mucha gente dispuesta a mediar, facilitar y colaborar en la búsqueda de soluciones. No será fácil ni rápido, pero cosas más difíciles hemos hecho. Y lo queremos hacer.

 

 

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