2 Oct 2017

«Ni gente sin casa, ni casas sin gente»

Cada vez más y más personas se están mudando a las ciudades porque es donde están las oportunidades de trabajo y de futuro. Cuando llegan a ellas, querer vivir en el centro choca con un gran problema: el alquiler.Con el auge de las viviendas vacacionales en las grandes urbes, los pisos que quedan libres tienen precios desorbitados a pesar de ser viviendas sin amueblar o por pequeños zulos sin luz y con goteras. Esta situación sorprende tanto como cuando conocemos que nos cuenta que está viviendo a turnos entre casas de amigos o familiares, en pensiones de mala muerte, en casas ocupadas o en sus coches, si es que tienen suerte de tener y poder aparcarlo.

Así, resulta imposible que una o uno pueda elegir dónde quiere vivir. Ya sea porque no nos da el dinero para alquilar una habitación, no reunimos los requisitos mínimos para llegar a la entrevista en la que se escoge a la persona inquilina o simplemente porque ya hay un gran grupo de personas que está pujando por ella cuando tan sólo han pasado 5 minutos desde que anunció.

Y es que parece que a ciertas personas se les ha olvidado que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía.

Un anuncio en Milanuncios decía lo siguiente: “Me urge encontrar un piso. Somos una pareja con un niño de tres años y otro en camino. Nos conformamos con que tenga sitio donde cocinar, nevera, lavadora y ventilación. Estoy con riesgo de parto prematuro por la ansiedad que me provoca llevar más de año y medio buscando algo y nada. Me veo con un bebé en brazos y una casa donde caen goteras, sin ventanas y humedades. Ya mi hijo estuvo ingresado por infección en los pulmones en invierno. Podemos pagar máximo 400 euros”.

El problema de la falta de viviendas dignas y asequibles ha pasado a ser el pan de nuestro día a día tras el paso de la crisis en nuestro país, donde innumerables familias y personas se han visto en la calle tras una notificación del banco y sin saber qué hacer o que tienen derecho a una reparación efectiva.

Cuestión de derechos

Aunque España tiene la obligación de velar por los derechos de su ciudadanía, la realidad es otra: alta tasa de paro, sueldos y condiciones laborales pésimas que junto con la falta de interés, de cubertura social y de las medidas fiscales apropiadas, nos da como resultado desahucios, albergues a rebosar, casas ocupadas, gente viviendo en la calle, etc. Mientras, algun@s políticos que viven en urbanizaciones de lujo, se toman la licencia de olvidarse del asunto y no cumplir con su deber: proteger y velar por los derechos de sus ciudadan@s. Esto tiene un nombre: desigualdad obscena.

Tenemos derecho a una vivienda digna tal y como dice nuestro artículo 47 de la Constitución. Son muchos los colectivos sociales que así lo reclaman. El Mar de Madres L24, de Cataluña, recuerdan que “Un techo en condiciones es la base de la supervivencia humana. Las vidas de las personas que no pueden pagar valen tanto y merecen ser vividas como las de las demás”. Que haya gente sin casa, y casas sin gentes, y de lo que denunciamos en Pobreza Cero. Además, hay responsables que tienen en su mano cambiar el orden de las cosas y propuestas que como ciudadanía podemos hacer al respecto.

Necesitamos un marco de regularización en las ciudades españolas que marque los límites, concretando los precios por zonas y metros cuadrados de la vivienda y que esté adaptado a los salarios de la mayoría de la población. De este modo, muchas de las personas y familias que se están sobre-esforzando para llegar a fin de mes, puedan dejar de sentir que no les da para más el cinturón y ver garantizados sus derechos.

Wei-Hui Cui, Inspiraction

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18 May 2015

Salida de la plaza, próxima parada #24M. El tren de la participación continuará…

Artículo original aquí (http://congdextremadura.org/salida-de-la-plaza-proxima-parada-24m-el-tren-de-la-participacion-continuara/)

Hace una semana que empezó la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas. Esta campaña da comienzo en un contexto donde la ciudadanía siente que ha perdido el control sobre sus representantes políticos/as, estamos inmersas en una profunda crisis de la democracia tradicional representativa, y una creciente demanda ciudadana de transformación hacia una democracia más directa.

¿Y por qué está ocurriendo esto? Podríamos relacionarlo con la gran desafección política motivada por el papel que juegan los partidos políticos y la administración, que no están dando respuesta a las necesidades reales de la sociedad. Descrédito incrementado además por los continuos casos de corrupción y de tráfico de influencias trasmitidos por algunos medios.

Cada cuatro años la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto, participar y cambiar lo que no quiere, lo que no gusta, lo que no cree justo. Este año necesitamos participar más que nunca, demandamos a los partidos políticos programas que integren la vida de las personas, trabajos dignos, salud y educación para todas las personas y que se luche contra la pobreza y las desigualdades con una perspectiva integral y global. Necesitamos integrar todo esto desde el ámbito estatal, regional y municipal y con una mirada al mundo, a esos países y comunidades donde trabajan nuestras organizaciones sociales, cuya labor se ha visto muy mermada en los últimos años. La búsqueda de alternativas para la transformación social pasa por:

– El compromiso personal y social en nuestros pueblos y ciudades, así como el desarrollo de una cultura de la participación.

– Una mirada global que incluya la cooperación y solidaridad con los pueblos del mundo, como compromiso indiscutible e indispensable al vivir en una realidad interdependiente.

– Una educación transformadora que fomente una ciudadanía global crítica y activa.

– La inclusión permanente de una perspectiva de género como cambio de modelo, que ponga en valor las diferencias y la diversidad en todos los ámbitos de la vida.
Nuestro gran objetivo es que la Cooperación y la Educación para el Desarrollo sean una política social más y que el mensaje de enfrentamiento de “pobres de aquí contra pobres de allá” sea totalmente eliminado, vivimos en mundo global y todas las personas deben tener las mismas oportunidades, demandamos un compromiso por los derechos humanos. Necesitamos más que nunca un Pacto contra la Pobreza y la Desigualdad.

El 15M fue un momento culmen donde saltaron a las calles todas estas propuestas, donde muchas de nosotras, personas individuales integrantes de ONGD y Asociaciones Sociales, nos sumamos e integramos en aquella marea de indignación en la que se alzó la voz en serio, sobre las demandas que ya veníamos trabajando desde hacía años. Vemos en este día una buena ocasión para refrescar nuestras propuestas y retomar la participación como herramienta imprescindible, porque lo personal es político.images - copiaY tras el 15M, el 24M nos recuerda que vivimos en una democracia representativa, donde algunas personas son la cabeza visible de las demandas y necesidades de una parte de la sociedad, o así debería ser. Sin embargo, no queremos que aquí acabe todo, no pensamos que sea suficiente con ir a votar cada cuatro años, no podemos mirar hacia otro lado y dejar la gestión de nuestras vidas, de nuestros pueblos y ciudades en manos sólo de esos representantes políticos.
Cada vez somos más las voces que proponemos que es necesaria la participación ciudadana en la vida pública, es necesario que la voz de la ciudadanía sea escuchada e integrada en la toma de decisiones, asumiendo múltiples fórmulas para una participación real. Por su parte los gobiernos locales y regionales deben comprometerse y tener voluntad política para generar cauces de participación ciudadana, entre todas debemos perseguir un desarrollo territorial y social equilibrado y la mejora permanente de la calidad de vida de todos/as sus ciudadanos/as.
Para que esto se lleve a cabo necesitamos conformar un nuevo escenario donde la participación de la ciudadanía sea efectiva, y para que esto se de verdaderamente es necesario poner en marcha procesos educativos que generen cultura de la participación, y que las necesidades de la ciudadanía sean contempladas en políticas públicas diseñadas por todos y por todas. No sólo queremos hacer aportaciones a políticas de partidos políticos ya diseñadas sin tenernos en cuenta, queremos estar y construir de abajo a arriba, queremos una democracia más directa.

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18 Oct 2014

Derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos #EstoSiEsRiqueza

El mundo 2014. En Jordania, una niña siria de trece años es casada contra su voluntad con un hombre diez años mayor que ella para aliviar la situación económica de su familia. En Irlanda una mujer muere porque la legislación no le permite interrumpir un embarazo de riesgo. En Bolivia una mujer indígena camina durante horas para llegar a la clínica más cercana para dar a luz. Y en Camerún una mujer con cinco hijos quiere prevenir el siguiente embarazo pero no tiene acceso a anticonceptivos.

La pobreza no es sólo, o incluso principalmente, un concepto económico. La pobreza está íntimamente relacionada con la falta de poder de decisión sobre nuestras propias vidas y cuerpos. Es no tener oportunidades ni poder elegir. En este sentido, la violación de los derechos sexuales y reproductivos es a la vez causa y consecuencia de la pobreza y su pleno ejercicio un requisito indispensable para poder acabar con ella.

Las cifras, aunque conocidas, no pueden dejar indiferente a nadie. Más de 60 millones de niñas en el mundo están casadas, 1 de cada 3 contra su voluntad. 47.000 mujeres al año pierden la vida debido a abortos inseguros – la inmensa mayoría de ellas en países donde el acceso a abortos legales y seguros está restringido por ley. 800 mujeres mueren cada día por causas prevenibles durante el embarazo y el parto y 220 millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos eficaces a pesar de querer evitar el embarazo.

Lo que se esconde detrás de estas cifras tiene consecuencias económicas y sociales incalculables, no sólo a nivel individual, sino para la sociedad en su conjunto. Una niña que se hace madre a los 14 años difícilmente puede seguir con los estudios o incorporarse al mercado laboral. Una pareja pobre con más hij@s de l@s que desea tener no logra hacer frente ni a los gastos más básicos y aún menos invertir en la educación y salud de l@s niñ@s. Y una mujer que muere en el parto es, sencillamente, irremplazable.

Se han hecho avances significativos durante las últimas décadas, pero  la realidad es que son insuficientes y la agenda de la salud y los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo en gran medida inacabada, con serias amenazas de retrocesos por parte de los fundamentalismos más recalcitrantes. Ahora es el momento de actuar. Estamos ante una oportunidad única. El año que viene los gobiernos del mundo se reúnen para definir la nueva agenda post-2015 y si queremos lograr un desarrollo justo, equitativo y sostenible una de las prioridades tiene que ser  garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos para tod@s.

Esperemos que los gobiernos estén a la altura del reto. Porque yo sueño con otro mundo. Un mundo en el que una niña de trece años acaba sus estudios y tiene libertad para decidir si quiere casarse o no. Un mundo en el que una mujer tiene derecho al aborto legal, seguro y accesible. Un mundo en el que una mujer indígena acude al centro de salud de su comunidad para dar a luz de la forma más cómoda. Y un mundo en el que una madre de cinco hijos tiene acceso fácil a métodos anticonceptivos si no quiere aumentar la familia. Porque poder decidir sobre nuestros propios cuerpos: #EstoSiEsRiqueza.

 Sandra Johansson, Coordinadora de Derechos de las Mujeres en Alianza por la Solidaridad

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7 Oct 2014

Calidad de vida, estado de bienestar y buen vivir #EstoSíEsRiqueza

A excepción de teorías liberales o neoliberales muy estrictas, no es del todo habitual en la actualidad, fundamentalmente cuando se hace referencia al aspecto más teórico y al discurso políticamente correcto encontrar en Europa, quien cuestione abiertamente el estado de bienestar para la obtención de una calidad de vida en su población, parece que su interrelación no es demasiado cuestionada. Europa siempre se ha caracterizado por ser el continente de la denominada “clase media”, con un índice Gini de desigualdad considerablemente más bajo que en otros puntos del planeta. Pero vivimos tiempos convulsos, inmersos en una crisis que ha sacado a la luz, teorías político económicas de toda índole y por ello, los cuestionamientos al modelo vigente son cada vez más frecuentes. Es cierto que el contexto tal vez, ha posibilitado que determinados sectores expongan abiertamente su idea de un estado excesivamente protector, con un sistema público social insostenible, acusando a la ciudadanía de abusar de los beneficios del mismo, como un mero ejercicio de picaresca, como si la voluntad de la mayoría de las personas, fuera simple y llanamente esa, subsistir sin ambiciones, deseos, voluntades y dicho sea de paso, algunas comodidades. El gran lobby de los estados europeos han sido los intereses empresariales, hasta el punto de que en la actualidad, son los mercados, quienes toman libremente las grandes decisiones políticas.

Vivimos en un sistema que radica en un modelo organizado social y económicamente al servicio de los mercados, y con ello al servicio del beneficio económico, pero de las élites excluyendo del mismo a la mayoría. La clave puede estar por lo tanto en la transición de un modelo basado en una lógica excluyente de acumulación del capital, a un modelo que tenga por objetivo la organización de la vida en común basado en el buen vivir, en la sostenibilidad de la vida. Este sistema de organización alternativo que proponemos se plantea y replantea desde su raíz, cual es la vida que merece la pena ser vivida, y cómo nos organizamos colectivamente para su sostenimiento, bajo los paradigmas de la universalidad, es decir, esas condiciones de vida digna para todas las personas (no sería factible asegurar nuestra calidad de vida a costa de la vida de otras personas) pero respetando la singularidad, es decir la diversidad de cada realidad social.

En este nuevo sistema basado en el buen vivir, donde hablamos de una vida que merece la pena ser vivida, aparece el debate del cuidado, de ese cuidado invisibilizado en el sistema vigente, negando así la realidad de mujeres que cargan a sus espaldas las tareas de cuidado de manera silenciada, gratuita, privada y no reconocida. Madres, abuelas, hijas, sobrinas y en ocasiones mujeres extranjeras contratadas en la denominada economía sumergida, son las que mantienen la arquitectura del cuidado, como si este fuera una realidad a esconder, negando así el hecho evidente de que todas las personas, en diferentes momentos de nuestras vidas, y con mayor o menor intensidad, vamos a ser susceptibles de ser cuidadas, pero el mero hecho de ser personas. En una vida que merece la pena ser vivida, valoramos el cuidado, porque lo necesitamos y valoramos a quien lo ejerce, reconociendo esa labor, porque las personas somos y debemos ser lo primero. En este punto confluirían por tanto, la calidad de vida, el estado de bienestar y el buen vivir… cualquier definición es factible si pone a las personas en el centro y nos garantiza los pilares para construir una vida que merece la pena ser vivida.

Irene Molero Gurrutxaga, Plataforma ZERO Pobrezia Donostia

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3 Oct 2014

Derechos humanos y fiscalidad: un binomio necesario #EstoSiEsRiqueza

En España, la pobreza y la exclusión social se han disparado estos últimos cuatro años. Aun así se sigue sin abordar políticamente la injusticia que supone que una parte de las fortunas particulares y los beneficios de las grandes empresas engorden sus cuentas en paraísos fiscales, y que otra parte se agrupen en formas jurídicas que les eximen de sus obligaciones fiscales (las SICAV). La vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales está relacionada con la no redistribución de la riqueza o, en otras palabras, con los bajos niveles de presión fiscal y las estructuras impositivas sustentadas básicamente en impuestos indirectos (como el IVA o los impuestos especiales).

La crisis económica y de sistema ha puesto de relieve las muchas contradicciones entre las obligaciones contraídas a nivel internacional y su traducción en las políticas concretas de defensa y promoción de los derechos humanos. Los presupuestos de las administraciones han reducido de manera alarmante en los últimos años todas las partidas relacionadas con los derechos humanos: sanidad, educación, cooperación internacional… y tampoco han respetado los principios de equidad y progresividad con los que debería regirse el sistema fiscal, que constituye la base del artículo 31.1 de la Constitución española.

La Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos, advertía en 2013, en un consulta a los gobiernos que conforman Naciones Unidas para evaluar el régimen fiscal de los Estados, que «la política fiscal es relevante en la consideración de las cuestiones de derechos humanos y la extrema pobreza. Los bajos niveles de ingresos fiscales nacionales, en particular, podrían ser un obstáculo importante para el cumplimiento de la obligación del estado de garantizar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales». No es sólo el sentido común que nos dice que una fiscalidad justa nos enriquece y favorece al conjunto de la población, es Naciones Unidas, organización de la que se dotaron los propios estados para mantener la paz y la seguridad internacionales y garantizar los derechos humanos, quien nos lo recuerda.

La demanda de promover la movilización de recursos vinculada a los derechos humanos es antigua. Ya en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recogía: «Cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos».

En los últimos años, la ciudadanía, mediante mareas y plataformas varias, ha denunciado la gestión de la crisis, el aumento de las desigualdades y la supeditación de los derechos a los intereses de los mercados. Pero también ha elaborado propuestas para aumentar el gasto público, obteniendo los recursos necesarios a partir de los impuestos con criterios de justicia, igualdad y progresividad.

Es ahora que el Congreso discute los presupuestos, cuando la presión ciudadana es más necesaria que nunca para exigir una fiscalidad justa, con un sistema tributario y un gasto público que redistribuyan la riqueza y combatan las desigualdades, bajo los principios de transparencia y participación social. Es responsabilidad de las organizaciones sociales garantizar el control ciudadano permanente y constante, para asegurar una redistribución real, mediante reformas fiscales reales, que no eluda las responsabilidades de los estados en la promoción de los derechos humanos

Eulàlia Reguant i Cura, Lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global

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