23 Oct 2018

Romper con la desigualdad para acabar con la pobreza

El acuerdo firmado por el Partido Socialista y Unidos Podemos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado incluye una serie de medidas que tratan de paliar la vulnerabilidad económica y las privaciones materiales en las que viven más de la cuarta parte de la población española. Una pobreza que se enquista en España pese a la mejora de la economía: durante los años de crisis, han aumentado los hogares en los que se pasa frío y se consume menos carne de lo necesario para garantizar una correcta alimentación, según recoge el Informe sobre el Bienestar Económico y Material, de la Fundación La Caixa. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) profundiza en esta radiografía y señala que 3,2 millones de personas viven en nuestro país con menos de 335 euros al mes, lo que se denomina pobreza severa. Dan también la voz de alerta acerca del aumento de la brecha de pobreza, la cantidad de dinero que tendría que ingresar una  persona pobre para dejar de serlo.

Que se hayan acordado medidas para luchar contra la pobreza en España es, sin lugar a dudas, una buena, muy buena noticia. Ahora bien, entre las medidas acordadas por los partidos progresistas, no se recoge ni una sola que hable de la cooperación para el desarrollo como herramienta para ayudar a reducir la pobreza en otros países. Así lo han puesto de manifiesto varios diputados en la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados. Le recordaron las palabras de Pedro Sánchez el pasado 17 de julio cuando, enumerando los retos en el ámbito internacional, afirmó que iba a “fortalecer y recuperar la política de cooperación al desarrollo como elemento definitorio de la política exterior de España”. Obras son amores y no buenas razones sentencia el refranero castellano, lo que traducido al lenguaje político sería que la voluntad se demuestra en los presupuestos, cosa que no ha pasado. Al menos de momento.

Sin recuperar la política de cooperación, la más recortada por las administraciones durante la crisis, será utópico que España contribuya a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, en su meta 17.2, recuperan la incumplida demanda de Naciones Unidas para que los países más adelantados destinen al menos el 0,7% de su ingreso nacional bruto a la Ayuda Oficial para el Desarrollo. ¿Se acuerdan cómo acampamos a mediados de los noventa en muchas ciudades para pedirlo? Sigue sin cumplirse. A pesar de que, según Eurostat, más del 90% de la ciudadanía española lo reclama.

Paradójicamente, mientras la economía mundial crecía en un 75% en las dos últimas décadas, hay más de 1.300 millones de personas que viven en pobreza y casi la mitad de estas en pobreza severa. Ello significa que se están quedando rezagadas en ámbitos como la salud o la educación primaria y con graves carencias en el acceso al agua potable, el saneamiento, o a una nutrición adecuada. Y lo que es aún más grave, la FAO ha alertado de que, en 2016 y 2017, se han incrementado las personas que pasan hambre en el mundo hasta alcanzar los 821 millones. Este aumento invierte la tendencia de años anteriores.

En los últimos 20 años también siguió creciendo la desigualdad. El 1% de las personas más ricas del planeta han incrementado sus ingresos hasta alcanzar situaciones tan obscenas como que ocho hombres multimillonarios acaparen la misma riqueza que la mitad de la población del planeta (3.600 millones de personas). El 1% más rico de la población mundial tiene ya más riqueza que el 99% restante. Si no rompemos con la desigualdad será imposible revertir la situación de pobreza en el sur global. Y en la mayor parte de los casos, la pobreza y desigualdad tienen caras de mujer.

El sistema no funciona correctamente, de manera magistral lo explica el Papa Francisco con solo tres palabras: “Este economía mata”. Por eso, en torno al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre, las personas, movimientos y organizaciones que impulsamos Pobreza Cero hacemos un llamamiento a la sociedad para que se movilice hasta lograr medidas concretas y efectivas contra la pobreza y la desigualdad. Nos mueve el convencimiento de que si nos movemos, cambiamos todo. Como dice la activista guatemalteca Lolita Chávez, “apostamos por un sistema que defienda un modelo propio de desarrollo que ponga la sostenibilidad vida, la naturaleza y la determinación de los pueblos en el centro frente al modelo neoliberal”. Aspiramos a vivir en un país más decente en un mundo más justo, sostenible, inclusivo y solidario.

Andrés R. Amayuelas, Presidente de la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo


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16 Oct 2017

Despilfarro de alimentos = hambre

En multitud de ocasiones, la gente nos pregunta qué puede hacer para apoyar nuestro trabajo a favor de la justicia y de un mundo sin hambre. Podemos responder muchas cosas, entre otras, ser más responsables a la hora de consumir. Porque el consumo identifica a esta sociedad en la que vivimos y nos define como personas. El mundo, la economía, la política, las relaciones sociales giran en torno al consumo; la propia realización personal tiene como referente nuestra capacidad para consumir. Este paradigma lleva parejo un alto grado de despilfarro. Para seguir consumiendo, hay que DESECHAR, TIRAR, DESPILFARRAR; no tenemos espacio suficiente para todo al mismo tiempo.

Esta característica de la época en la que nos ha tocado vivir tiene consecuencias nefastas para el medio ambiente, la sociedad y las propias personas, y se vuelve absolutamente dramática cuando lo que despilfarramos es la comida.

Dicen los organismos oficiales (FAO, Banco Mundial, Ministerio de Agricultura de España), que al año en el mundo se tiran unos 1300 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo. Supone un tercio de la producción mundial. Esos mismos organismos aseguran que con la comida desperdiciada, podrían alimentarse entre 2000 y 3000 millones de personas. Más que suficiente para más del triple de hambrientos en el mundo, 815 millones de personas según datos de 2016. Además, el valor estimado de los alimentos despilfarrados asciende a un billón de dólares; para acabar con la pobreza se calcula que haría falta un billón y medio. Estas cifras nos tienen que hacer pensar, al menos pensar.

Todos sabemos que vivimos en un mundo injusto donde la desigualdad impera dentro y entre los países, y donde unos pocos disfrutamos de todo y más, mientras multitudes no pueden alimentarse dignamente. Comer no es un lujo, es un derecho, pero como otros derechos fundamentales, se vulnera sistemáticamente para más de una décima parte de la población mundial. Es en los lugares donde hay disponibilidad de comida, donde más se despilfarra, aunque las pérdidas y desperdicio de alimentos ocurren a lo largo de toda la cadena alimenticia.

Los países productores que coinciden con los que tienen una mayor proporción de personas hambrientas, tienen las mayores pérdidas de alimentos por problemas relacionados con las condiciones climatológicas, el almacenamiento o la transformación inadecuados. La colaboración se puede concretar, en este caso, en un apoyo a aquellas organizaciones que trabajamos mano a mano con las comunidades y sus asociaciones representantes. Ellos luchan por una producción sostenible social, económica y medioambientalmente, y por unas posibilidades de transformación y/o almacenaje que les permitan conservar alimentos para épocas de sequía o de inundaciones y poder destinar excedentes al comercio local. Los agricultores familiares guardan sus saberes y semillas tradicionales, quieren proteger sus territorios y los recursos necesarios para producir, y evitar así el desperdicio de medios (agua, tierra, abonos orgánicos) y de alimentos cosechados. Necesitan nuestro apoyo tanto para poder seguir preservando su agricultura como para implementar aquellas técnicas de mejora que les permitan seguir cuidando de sus familias y de los ecosistemas en los que viven.

Los países donde más desperdicio de alimentos se produce son los más industrializados, y ahí, los más despilfarradores somos los consumidores, tanto en los hogares como en restaurantes, comedores escolares o instituciones hospitalarias. Es, precisamente en este caso, donde nuestro compromiso, personal y como sociedad, es urgente e imprescindible.

Los estudios encargados por la FAO indican que cada año se pierden y desperdician alrededor de un 30 % de cereales; un 40–50 % de tubérculos, frutas y hortalizas; un 20 % de semillas oleaginosas, carne y productos lácteos; y un 35 % de pescado.

Es verdad que la barra de pan, que yo no tiro a la basura, no va a ir a la mesa de los empobrecidos. Pero una demanda incrementada a base de despilfarrar pan en nuestras mesas, subirá el precio de los cereales en el comercio global y la mesa de los hambrientos no podrá satisfacer sus necesidades nutricionales. Y como “no solo de pan vive el hombre”, lo dicho puede aplicarse a otros alimentos. El consumo excesivo e innecesario de carne provoca el desvío de tierras y de cereal para alimentar al ganado, aumentando su precio en el mercado y restando recursos para la producción de alimentos para las personas. La sobreexplotación pesquera que no respeta los ecosistemas marinos y acaba devuelta al mar por criterios puramente mercantiles o usada como pienso de mascotas, impide a las comunidades litorales en los países en desarrollo vivir de sus recursos marinos.  Las frutas y verduras que los agricultores pobres producen, pero no comen, recorren miles de kilómetros hasta llegar a nuestra mesa a causa de nuestro afán por consumir productos fuera de temporada o son desperdiciados por cuestiones puramente estéticas. El sistema alimentario de producción y consumo debe reestructurarse, hacerse más justo, equitativo y sostenible si queremos que no haya personas que pasen hambre en el mundo.

Comprar lo que necesitamos y comer lo que compramos es vital en la lucha contra el hambre. Tirar alimentos buenos para comer es un escándalo insoportable. Al producir alimentos que acaban en la basura, la contaminación derivada de los propios residuos y del uso de agroquímicos (18% de los gases de efecto invernadero), la sobreexplotación de los recursos (un cuarto del agua dulce del planeta), la vulneración de los derechos de los agricultores pobres al acaparar sus tierras para producir intensiva y extensivamente (1400 millones de hectáreas), resultan inútiles y constituyen en sí mismas obstáculos insalvables en la lucha contra el hambre.

Asumir nuestra responsabilidad como consumidores es la clave y supone un punto de inflexión definitivo que permita a las comunidades rurales y a los agricultores, en cualquier lugar, practicar una agricultura que pueda alimentar al mundo cuidando de la “casa común”.

María José Hernando. Técnica de Estudios. Manos Unidas

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11 Oct 2017

Una niña pobre es aquella que no puede soñar

“Mi padre está en el paro porque la fábrica cerró. Mi madre está en casa buscando trabajo. Si mis padres dicen “no” sé que es por algún motivo. Mis padres quieren que seamos felices, si dicen “no” es porque no tienen dinero”. Así de clara se expresa Ana, con sus 12 años recién cumplidos y con ganas de seguir estudiando, aunque sabe que no lo va a tener fácil por la situación económica que vive en casa. Que Ana llegue a la universidad no va a depender de ella.

Titularse en educación secundaria obligatoria y seguir estudiando son dos condiciones imprescindibles para la futura integración laboral y social de los niños y niñas, sobre todo de estas últimas que son las que más sufren la desigualdad. Sin embargo, no todos los niños y niñas están en igualdad de condiciones, ya que acabar los estudios o abandonarlos tiene mucho que ver con el nivel de renta y formación de las familias. Todos sabemos que tener un entorno con contactos profesionales ayuda mucho a prosperar y, por ejemplo, a conseguir unas prácticas laborales o un primer trabajo.

“Una niña pobre es aquella que no puede soñar”, nos cuenta Silvia, otra pequeña que acude a los programas de ayuda de Save the Children para las familias en situación de vulnerabilidad. Una frase que cae a plomo, por la sinceridad de la niña y porque su contenido está ahí pero no lo queremos ver. La palabra “desigualdad” es muy común en titulares de periódicos, en discursos políticos y en un sinfín de artículos académicos e informes de ONG y de organismos internacionales. Es innegable, está ahí y aumenta a buen ritmo, pero es difícil de visibilizar, o no queremos verla. Hablamos de que hemos salido de la crisis económica pero hay muchos niños y niñas que se han quedado atrás.

España está entre los países de la Unión Europea con más desigualdad. Las personas más ricas en nuestro país ganan siete veces más que las más pobres, cuando la media europea es de 5,2 veces. Pero la desigualdad afecta con especial crudeza a los niños y, sobre todo a las niñas: los menores de edad con menos recursos se han empobrecido cinco veces más durante la crisis que los más ricos -un 32% y un 6% respectivamente-. Entre 2008 y 2015 el número de niños y niñas en situación de pobreza severa aumentó en 424.000. Una cifra de la vergüenza y la obscenidad.

En las sociedades más desiguales el éxito de los niños y niñas está condicionado por la herencia económica y social de los padres. En España, un niño que nace en un hogar pobre está condenado de por vida a serlo. El Estado no permite que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades, al contrario, les pone zancadillas a los que peor están.

No son solo números, en Save the Children vemos todos los días cómo muchos hogares, por mucho que se esfuercen, se quedan atrás mientras el resto del mundo avanza. Son las historias de Ana o de Silvia, y de muchas otras niñas que quieren soñar, pero las obligamos a permanecer despiertas.

Susana Hidalgo, Responsable de Comunicación de Save the Children

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10 Oct 2017

Contra la desigualdad obscena: Resistir, denunciar, sensibilizar y cambiar

Hace casi 20 años preparábamos en medicusmundi una exposición titulada “Salud el derecho de unos pocos”. Su objetivo era mostrar las repercusiones de la pobreza en la salud mundial, también en nuestro país. Su destino rotar por las salas de espera de los Centros de Salud.

Una de las protagonistas de esta exposición era Denis, una mujer peruana de 29 años. Recreábamos su historia en un panel titulado “Cuidadoras sin derecho a ser cuidadas”, Denis trabajaba como interna en casa de María de los Ángeles, una mujer enferma de 82 años a la que cuidaba todo el día excepto los jueves y sábados por la tarde y el domingo. Denis llevaba dos años en España pero no tenía permiso de trabajo, tampoco derecho a asistencia sanitaria.

Cuando estábamos a punto de inaugurar la exposición, en enero de 2000, el Estado Español reconoció este derecho a cualquier persona empadronada en el país, fuese nacional o extranjera (artículo 12. Ley orgánica 4/2000). Un logro social que celebramos al mes siguiente cambiando el nombre al panel expositivo de Denis que pasaría a llamarse: “Cuidadoras con derecho a ser cuidadas”; celebración y reivindicación por unas condiciones de trabajo dignas que aseguren el bienestar y una situación legal.

Pero 12 años después esta situación cambió, y lamentablemente el Gobierno, utilizando una vía legislativa excepcional, aprobó un Real Decreto Ley por el que las personas en situación administrativa irregular que vivían en España se quedaron sin tarjeta sanitaria (RDL 16/2012). El gobierno no solo retrocedió recortando derechos sino que emprendió iniciativas legales, recursos ante el Tribunal Constitucional, para intentar impedir que los gobiernos autonómicos aseguren este derecho en su territorio.

Desde hace 5 años numerosas entidades y movimientos sociales estamos luchando por terminar con esta desigualdad obscena, por la defensa de los sistemas públicos de salud con cobertura universal y exigiendo la reforma de este Real Decreto Ley estatal.

En el mes de septiembre pasado la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) lideró una iniciativa por la que la mayoría de los grupos políticos de oposición en el Congreso de los Diputados firmaron el “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal”. Y la semana pasada se presentaba el informe “Defender nuestra sanidad. La sociedad civil frente a la exclusión sanitaria”, articulado en torno a cuatro ejes: “Resistir”, Denunciar”, Sensibilizar” y “Cambiar”, que documenta 3.784 casos de personas excluidas del sistema nacional de salud desde 2014. Una desigualdad, dolorosa y obscena, injusta y evitable, que es fruto de la acción humana y a la que, por tanto, se le puede dar la vuelta.

Hace casi 20 años cambiamos el nombre de aquel panel de Denis; hace 5 años nos lo borraron y desde entonces estamos escribiendo un nuevo cambio.

Jesús Chocarro San Martín, medicusmundi

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7 Oct 2017

Día del trabajo decente para una filosofía de transformación

 

Conmemorar el día del trabajo decente

Lo bueno que tienen las conmemoraciones de día internacional de esto o de lo otro es que nos sirven para hacer una reflexión del porqué del día y, además, motivarnos para actuar por  el motivo señalado.

Este puede ser el caso del 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Fue la Organización Internacional del Trabajo, un organismo tripartito donde como elemento singular se sientan en igualdad de condiciones los sindicatos, empresarios y los gobiernos (aunque muchas veces hay una coalición entre los dos últimos), la que acuñó el concepto de trabajo decente. Con esto, querían definir trabajo con derechos, con ingresos suficientes para mantener un hogar y a una familia, con seguridad y protección social, ello en una sociedad inclusiva y democrática.

En este mundo, con una inmensa capacidad de transmitir mensajes y con múltiples canales informativos y de entretenimiento, hay un interesado olvido de entender que el trabajo es forma parte central de la sociedad. El trabajo es el que crea la riqueza que hay en este mundo. Nos procura rentas, redefine nuestros intereses e inquietudes.

Siendo esto cierto, al mismo tiempo, asistimos a debates sobre robotización y a un futuro de cambio tecnológico donde se minimiza la “fuerza de trabajo”. Se habla también de cambios profundos en la relación con la naturaleza, nuestra vida cotidiana y el cambio de pautas de consumo.

Además,  está pendiente de resolver la problemática de cómo y cuánto en la isla europea se mantendrá un sistema de prestaciones sociales universales, que hasta ahora está ligado, en buena parte, a los impuestos procedentes de las rentas de trabajo. Unas rentas procedentes del trabajo que menguan con respecto a los beneficios del capital en una globalización que está produciendo una desigualdad obscena.

Una desigualdad obscena tanto de riqueza, como de flujos de renta. Riqueza de unos pocos cientos de personas frente a millones o ante miles de millones de personas. No es baladí la existencia de los paraísos fiscales y de su mantenimiento gracias a los gobiernos que dicen que quieren combatirlos. Diferencias de ingresos laborales, que antes eran de 1 a 4, después 1 a 10, ayer de 1 a 100, y sigue creciendo la desigualdad de la valoración del trabajo según sean unas tareas u otras, eso sin entrar en el significado moral de unos u otros trabajos.

La desregulación laboral, las cadenas de valor de multinacionales que conducen el 60 por ciento del comercio mundial, la tercerización planteada por plataformas digitales de prestación de bienes y servicios, que quieren escaparse de realizar su actividad con una relación laboral típica y también de una fiscalidad sobre sus ingresos, etc., producen una vuelta a una informalidad económica, fomenta unas devaluaciones laborales que ayudan a la extensión del trabajador pobre, aquel que aún trabajando no obtiene unas rentas suficientes para salir de ese estadio de precariedad.

Frente a estos fenómenos hay reacciones. No suficientes, pero hay que acrecentarlas.

Desde el plano discursivo y también desde el lado normativo. Bien está que el trabajo decente y su extensión universal estén incorporados dentro del Objetivo octavo del Desarrollo Sostenible que todos los gobiernos del mundo se comprometieron a cumplimentar,  reordenando sus políticas para lograrlo, formando parte de la Agenda 2030. También el Gobierno de España viene obligado por ese compromiso y a otros que debieran ser el eje de la política y de los presupuestos. Está en nuestra mano, paso a paso, el modificar una política económica y ambiental, reorientándola, poniendo como horizonte esos Objetivos universales.

También, hay que resaltar, se puede alcanzar en los próximos meses un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el respeto de los derechos humanos y las transnacionales y otras empresas. Hay un foco, que esperemos continúe, sobre la elusión fiscal de grandes empresas transnacionales y esperemos que concluya haciéndolas pagar en la misma proporción que las pymes,…

Nadie tiene muchas respuestas. Sabemos que hay que cambiar de sistema productivo, abogar para que haya más investigación, cambiar las pautas de consumo, rechazando la obsolescencia programada; ir hacia una transición energética, mejorar la redistribución y el tiempo de trabajo para lograr una sociedad más inclusiva. Es imprescindible vencer las desigualdades y crear una economía sostenible, con un trabajo decente para una vida digna.

Estos axiomas son vectores de cambios. Son esas respuestas. Y son las que nos deben llevar a  exigirnos una coherencia entre lo que racionalmente creemos que es lo mejor para nosotros y  nuestros hijos y nuestro comportamiento individual y también colectivo para rechazar la miseria que sufre mucha parte de la humanidad y lograr una filosofía de la transformación.

Santiago González Vallejo, USO – SOTERMUN

 

 

 

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