16 Oct 2014

Día Mundial de la Alimentación #BAD2014

Manifiesto de Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer, Redes, Obras Misionales Pontificias y Cáritas en el Día Mundial de la Alimentación

Hoy, Día Mundial de la Alimentación, constatamos que 805 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo.

A pesar de la tendencia positiva en la disminución del hambre recogida en el último informe de la FAO, todavía una de cada nueve personas sufre desnutrición crónica, mientras que en el mundo se desperdicia el 30% de todos los alimentos producidos.

En esta Jornada, Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer, Redes, Obras Misionales Pontificias y Cáritas volvemos a sumar nuestros esfuerzos en el marco de la campaña global “Una sola familia humana, Alimentos para todos” para RECLAMAR el derecho de todos los seres humanos a una nutrición suficiente, sana y adecuada, como parte esencial de una vida digna.

DESDE NUESTRA FE en Dios, Señor y dador de vida y de toda la Creación, y DESDE nuestra opción evangélica y preferencial por los más pobres y vulnerables, inspirada en una ética de la solidaridad que promueva la creación de estructuras sociales justas,

REAFIRMAMOS NUESTRA DEFENSA del destino universal de los bienes, incluidos los alimentos, así como el uso responsable de los recursos naturales.

SOMOS TESTIGOS, por nuestro trabajo de acompañamiento a las comunidades más olvidadas de todo el mundo, de las urgentes necesidades y la vulneración de los derechos humanos de quienes han sido definidas por el Papa Francisco como “víctimas de la cultura del descarte”.

Por todo ello, en esta jornada hacemos un llamamiento a la ciudadanía a COMPROMETESE con la realización efectiva del derecho a la alimentación de todas las personas.

Por eso os invitamos:

  • A mantener un estilo de vida basado en el consumo responsable y sostenible, que evite el desperdicio de los alimentos, por sus efectos ambientales y su repercusión en el alza de los precios, y que en definitiva incide en la inseguridad alimentaria de los más vulnerables.
  • A pedir a los poderes públicos y representantes políticos que:
  • Sitúen, tanto a nivel estatal como europeo, el Derecho a la Alimentación en el centro de las estrategias de Gobierno y lo protejan de los intereses del mercado cuando éste intente utilizar los recursos de la tierra, el agua, las semillas y el trabajo en beneficio de unos pocos.
  • Acometan el objetivo de Acabar con el Hambre en la nueva agenda de desarrollo “Post 2015”, dado que el hambre es la manifestación más extrema de la pobreza.
  • Respalden un modelo agrícola sostenible, destinando al menos un 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la agricultura familiar y dando prioridad a la producción de alimentos sobre el cultivo de agrocombustibles y actividades intensivas que conllevan la degradación de los ecosistemas.
  • Implementen un marco regulador que evite la inflación del precio de los alimentos y su desperdicio, en cualquiera de las etapas de producción y consumo.
  • Incluyan a agricultores, pescadores artesanales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) como socios expertos en la lucha contra el hambre a la hora de diseñar políticas públicas, definir líneas de financiación y acometer la regulación de los mercados.
  • Apoyen la consecución de un acuerdo internacional para frenar el cambio climático, que dé pie a modelos más sostenibles de producción de energía y de alimentos, y a contar con la financiación adecuada para facilitar la adaptación de las comunidades más vulnerables a sus efectos negativos.

16 octubre de 2014, Día Mundial de la Alimentación.

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7 Oct 2014

Calidad de vida, estado de bienestar y buen vivir #EstoSíEsRiqueza

A excepción de teorías liberales o neoliberales muy estrictas, no es del todo habitual en la actualidad, fundamentalmente cuando se hace referencia al aspecto más teórico y al discurso políticamente correcto encontrar en Europa, quien cuestione abiertamente el estado de bienestar para la obtención de una calidad de vida en su población, parece que su interrelación no es demasiado cuestionada. Europa siempre se ha caracterizado por ser el continente de la denominada “clase media”, con un índice Gini de desigualdad considerablemente más bajo que en otros puntos del planeta. Pero vivimos tiempos convulsos, inmersos en una crisis que ha sacado a la luz, teorías político económicas de toda índole y por ello, los cuestionamientos al modelo vigente son cada vez más frecuentes. Es cierto que el contexto tal vez, ha posibilitado que determinados sectores expongan abiertamente su idea de un estado excesivamente protector, con un sistema público social insostenible, acusando a la ciudadanía de abusar de los beneficios del mismo, como un mero ejercicio de picaresca, como si la voluntad de la mayoría de las personas, fuera simple y llanamente esa, subsistir sin ambiciones, deseos, voluntades y dicho sea de paso, algunas comodidades. El gran lobby de los estados europeos han sido los intereses empresariales, hasta el punto de que en la actualidad, son los mercados, quienes toman libremente las grandes decisiones políticas.

Vivimos en un sistema que radica en un modelo organizado social y económicamente al servicio de los mercados, y con ello al servicio del beneficio económico, pero de las élites excluyendo del mismo a la mayoría. La clave puede estar por lo tanto en la transición de un modelo basado en una lógica excluyente de acumulación del capital, a un modelo que tenga por objetivo la organización de la vida en común basado en el buen vivir, en la sostenibilidad de la vida. Este sistema de organización alternativo que proponemos se plantea y replantea desde su raíz, cual es la vida que merece la pena ser vivida, y cómo nos organizamos colectivamente para su sostenimiento, bajo los paradigmas de la universalidad, es decir, esas condiciones de vida digna para todas las personas (no sería factible asegurar nuestra calidad de vida a costa de la vida de otras personas) pero respetando la singularidad, es decir la diversidad de cada realidad social.

En este nuevo sistema basado en el buen vivir, donde hablamos de una vida que merece la pena ser vivida, aparece el debate del cuidado, de ese cuidado invisibilizado en el sistema vigente, negando así la realidad de mujeres que cargan a sus espaldas las tareas de cuidado de manera silenciada, gratuita, privada y no reconocida. Madres, abuelas, hijas, sobrinas y en ocasiones mujeres extranjeras contratadas en la denominada economía sumergida, son las que mantienen la arquitectura del cuidado, como si este fuera una realidad a esconder, negando así el hecho evidente de que todas las personas, en diferentes momentos de nuestras vidas, y con mayor o menor intensidad, vamos a ser susceptibles de ser cuidadas, pero el mero hecho de ser personas. En una vida que merece la pena ser vivida, valoramos el cuidado, porque lo necesitamos y valoramos a quien lo ejerce, reconociendo esa labor, porque las personas somos y debemos ser lo primero. En este punto confluirían por tanto, la calidad de vida, el estado de bienestar y el buen vivir… cualquier definición es factible si pone a las personas en el centro y nos garantiza los pilares para construir una vida que merece la pena ser vivida.

Irene Molero Gurrutxaga, Plataforma ZERO Pobrezia Donostia

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10 Sep 2014

Robar alimentos a quienes pasan hambre #StopAcaparamiento

Entrada por Carlota Jimenez de Andrade y Arantxa Freire

Las ONGs occidentales hemos cambiado. Luchar contra la pobreza no significa sólo atacar las consecuencias de la pobreza y repartir alimentos sino denunciar las causas que la provocan.

Una de ellas es el fenómeno del acaparamiento de tierras por parte de empresas extranjeras, también conocido en inglés como “land grabbing”. Esto es la compra de grandes extensiones de tierra para monocultivos que se destinan a la exportación o para la producción de agrocombustibles.

En la mayoría de los casos se están transfiriendo tierras destinadas al cultivo de alimentos, lo cual pone en peligro la ya debilitada capacidad de la población campesina para producir su comida.

¿Qué es el acaparamiento?

La riqueza de los países occidentales en los últimos siglos fue posible, en parte, agracia a la colonización de África. Doscientos años después, vivimos una nueva colonización de las tierras, ya no bajo regímenes políticos explotadores sino bajo el imperio de las transnacionales.

Se trata de empresas que invierten vendiendo “desarrollo” cuando en la mayor parte de los casos producen justo lo contario: desplazamiento de poblaciones campesinas forzado de sus tierras de cultivo, la imposibilidad de acceder a tierras, cambios en los precios de los alimentos de mercados locales, erosión de sus medios de vida, etc.

Desde al año 2000 la compra masiva de tierras ha supuesto la compraventa de 83,2 millones de hectáreas, lo que supone un 1,7% de la tierra cultivable sobre el planeta. En su mayor parte estas transacciones se han realizado a partir del 2008, cuando se disparó el precio de las materias primas, que no olvidemos, cotizan en bolsa.

El caso de Agrogeba

Agrogeba es una compañía agrícola española que llegó a la región de Sare Djae y Tchutcho, en Guinea Bissau en 2010 para cultivar arroz local y venderlo a precios bajos. Todo suena muy apropiado en un país donde 2/3 de la población sufren hambre crónica. El problema es que, según la población local, la llegada de la empresa española sólo ha creado más hambre, enfermedades y peores condiciones de vida para las mujeres que antes cultivaban esas tierras. 600 personas fueron expulsadas de sus tierras sin previo aviso.

Sin título

Según la empresa, todo es perfectamente legal. La tierra es propiedad del Estado y las negociaciones se realizaron en 2010 con el primer ministro de Guinea (ahora exiliado y cesado). El informe realizado por Alianza por la Solidaridad e Intermon Oxfam “Marca España: inversiones que generan pobreza” explica que la autoridad local recibe periódicos pagos por parte de la empresa para mantener la situación de ocupación.

Lo que sí está demostrado es que la empresa no ha cumplido sus promesas sociales: la construcción de una escuela, entrega de máquinas para el cultivo a los habitantes de la región o, lo que es más grave, la comercialización del arroz a un precio más bajo que el arroz importado.  Ante ello se limita a alegar falta de beneficios.

Las condiciones laborales por su parte son más que cuestionables, porque a los trabajadores no se les hace contrato y muchas veces se les sustituye el salario por arroz. Las familias han tenido que eliminar una de las 3 comidas diarias que hacían tras la llegada de Agrogeba. Vemos como mientras los inversores consideran la tierra como una forma de invertir, para los africanos es muchas veces su única fuente de alimento y de vida.

¿Cómo se para esto?

“En primer lugar es necesario  introducir la perspectiva de coherencia de políticas en las inversiones en África. Las embajadas y las Cámaras de Comercio no pueden hacer la vista gorda antes los impactos sociales y ambientales de nuestras empresas aunque esto les de beneficios”, explica Almudena Moreno, responsable de la campaña de Inversiones Responsables en Alianza por la Solidaridad.

Además es necesario seguir trabajando en los países en Leyes de Tierras que promuevan en consentimiento de las comunidades afectadas antes de ceder las tierras a manos extranjeras. Y que se cumplan. Por otro lado, los tratados internacionales que afectan a las inversiones de empresas en adquisición de tierras deben contar con medidas punitivas en caso de vulneración de derechos, porque son, hasta ahora con lo que se cuenta es con directrices voluntarias.

La rentabilidad de estas empresas la pagan los afectados. “La hipocresía de la comunidad internacional me enfurece”, comenta Lazaro Bustince, director de la Fundación Sur. “Todas estas charlas de derechos humanos, constituciones, respeto  se convierten en hipocresía. Están hablando de derechos humanos cuando los esclavizan y empobrecen. La gente no es pobre, se la empobrece. La gente no es esclava, se la esclaviza”.

Frente a la especulación sobre los precios y el acaparamiento de alimentos fomentados por las empresas transnacionales de la alimentación y los fondos de inversión, movimientos como Vía Campesina defienden que el sistema agroecológico de producción de alimentos a pequeña escala es el que da la mejor respuesta a las demandas del presente y del futuro

Desde las ONG debemos trabajar para acercar estas problemáticas a la ciudadanía, para impulsarla a ser motor de cambio y acompañarla en ese camino. Pues también las ONG necesitan de una sociedad civil activa que exija a sus representantes políticos el cumplimiento de sus compromisos internacionales, los derechos humanos a nivel global y un mundo más justo, más solidario e inclusivo.

Organizaciones como Alianza por la Solidaridad, Amigos de la tierra, Ecologistas en Acción, Veterinarios sin Fronteras o Intermon Oxfam fomentan campañas de lucha contra el acaparamiento de tierras y recogen testimonios de las atrocidades que se están cometiendo.

Ser rentable es el objetivo principal de las empresas. Lo que no podemos permitir, como sociedad, es que el enriquecimiento de unos sea a costa de la pérdida de los derechos de otros.

#Stopacaparamiento: por unas inversiones responsables que no generen hambre y pobreza

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30 Abr 2014

«Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo»

De la página de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Experta de la ONU pide a España “un auténtico compromiso con la protección de los derechos humanos para todos”

GINEBRA (29 de abril de 2014) – “Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”, declaró hoy la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, al reiterar su llamado a las autoridades españolas para que garanticen el acceso universal a la salud.

“España tiene obligaciones positivas en materia de acceso a la atención sanitaria, incluidas obligaciones para con los migrantes, independientemente de su situación jurídica”, recalcó la Sra. Sepúlveda.

La experta expresó sus preocupaciones en una carta enviada a las autoridades españolas en noviembre de 2013 con otros expertos en derechos humanos de la ONU, en la cual advirtieron que “los cambios adoptados por el Gobierno de España en 2012, que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos del país”.

El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó en enero de 2014 que la decisión tomada por España de restringir el acceso a la atención médica gratuita para los inmigrantes indocumentados infringe la legislación europea de derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU formuló recomendaciones parecidas en 2012.

“El Gobierno de España debe demostrar un auténtico compromiso con la protección del derecho a la salud para todos”, dijo la Sra. Sepúlveda al señalar que “el parecer de los órganos de expertos internacionales ha sido unánime y el Gobierno español no debe ignorarlo”.

La Relatora Especial de la ONU agradeció al Gobierno su exhaustiva respuesta a la carta, pero indicó que no estaba de acuerdo con sus argumentos y conclusiones. “Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”, destacó la experta.

Sra. Sepúlveda advirtió: “El gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”.

La experta agradeció el compromiso de las autoridades españolas de continuar la cobertura sanitaria para mujeres embarazadas y menores. Sin embargo, refutó el argumento del Gobierno de que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita.

“La falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”, recalcó.

“Sin acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia –que son más costosos- y se pone la salud pública en riesgo”, la Relatora señaló. “Lo que es aún más importante, amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene un enorme coste humano. Estas medidas son contrarias a las normas de derechos humanos”.

La experta de derechos humanos de la ONU se vio alentada por la información recibida que indica que las autoridades locales y los profesionales de la salud siguen suministrando atención sanitaria en muchos casos. Sin embargo, advirtió al Gobierno que eso no cumple con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

“Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para migrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables”, enfatizó la experta.

“No sólo son vulnerados los derechos humanos de los individuos afectados, sino que además, aunque no se haya detectado aún un impacto más amplio sobre la salud colectiva, el riesgo sigue aumentando”, dijo.

La experta recordó que el Tribunal Constitucional español trató recientemente la legislación promulgada en Navarra. El Tribunal señaló que el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por “la sola consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

Magdalena Sepúlveda (Chile) fue nombrada Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en mayo de 2008 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como Relatora Especial, la Sra. Sepúlveda es independiente de cualquier gobierno u organización. Para más información sobre el mandato y las actividades de la Relatora Especial, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx

ONU Derechos Humanos, página de país – España: http://www.ohchr.org/SP/Countries/ENACARegion/Pages/ESIndex.aspx

 

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18 Feb 2014

Por una reforma fiscal justa #RecortaelFraude

Respuesta de la Alianza Española contra la Pobreza al Sr. Manuel Lagares, Presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria.

La Alianza Española Contra la Pobreza, que reúne a más de 1.000 organizaciones sociales, sindicales, religiosas, de consumidores, ecologistas, coaliciones y ONG en la lucha contra las causas de la pobreza y desigualdad globales, se dirigió el pasado mes de diciembre a la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria, para solicitar una reunión con su presidente y presentar las preocupaciones y propuestas en torno a la Reforma Fiscal exigida por Bruselas para 2014.

La Secretaría de dicha Comisión señaló en su respuesta que ésta no lleva a cabo reuniones presenciales, sino que prefiere recibir sus opiniones por escrito, razón por la que nuevamente nos dirigimos a usted, así como al resto de miembros de la Comisión, con nuestra exposición de propuestas.

La Comisión de Expertos ha asumido una gran responsabilidad, ya que de sus propuestas debe salir una gran reforma que afectará a todas las personas dentro y fuera de este país, especialmente a las más vulnerables. Es una responsabilidad también personal de cada uno de sus miembros, ya que sus aportaciones han de ser coherentes con el Arto. 31.1 de la Constitución Española “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica…” y  que permita vivir con dignidad a las personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión.

El sistema fiscal tiene un gran impacto en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Es, por tanto, imprescindible conseguir un aumento de la recaudación, reducir el déficit y asegurar que existan mecanismos suficientes que garanticen una redistribución con justicia y equidad. Es profundamente indignante que exista un fraude fiscal calculado en torno a los 90 mil millones de euros en España y mientras tanto se recorte en derechos económicos, sociales y culturales.

Queremos denunciar la falta de equidad del sistema tributario español donde las rentas del trabajo por cuenta ajena soportan la mayor parte del sistema, mientras que las grandes fortunas, empresas y transnacionales contribuyen de forma poco proporcionada y eludiendo, en buena medida, su obligación de tributar por medio de figuras tributarias específicas, deducciones y otros mecanismos de ingeniería fiscal.

POR UNA REFORMA FISCAL JUSTA – propuestas de la Alianza Española contra la Pobreza (PDF)

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