El pasado mes de marzo se aprobaba en el Parlamento español una nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sólo con los votos del partido del Gobierno, y con la oposición de la ciudadanía, del resto de partidos políticos, juristas, fiscales y abogacía; entidades sociales, ONGs y plataformas ciudadanas y representantes de la Unión Europea y de Naciones Unidas entre otros.
Aunque no entra en vigor totalmente hasta el próximo 1 de julio, no nos olvidemos que la enmienda referida a las expulsiones sumarias de personas extranjeras “detectadas en la línea fronteriza” de Melilla y Ceuta que intenten cruzar los “elementos de contención fronterizos” lo está y es operativa desde el día 1 de abril.
¿Por qué una unanimidad tan clara contra esta ley conocida como #LeyMordaza?.
- Porque es una ley que incumple el mandato constitucional de proteger el ejercicio de los derechos y libertades públicas que la ciudadanía comparte en los espacios públicos y que socava principios fundamentales del derecho (seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad en la acción sancionadora de la Administración). ¿Cómo?:
- Al establecer multitud de acciones que van a ser consideradas infracción administrativa – por otra parte con gran inseguridad jurídica al ser subjetivas y poco definidas en su descripción, dejando a criterio de quien la tramita el qué si y el qué no-,
- con multas muy elevadas – desproporcionadas en referencia al propio hecho y a las consecuencias sociales de los mismos- y
- teniendo como consecuencia que se vea con temor y preocupación ese uso del espacio público.
Lo que llamamos criminalización de la protesta (social, política, ecologista…). Nuestro Tribunal Constitucional nos dice “ el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un ámbito de participación».
- Porque es una ley que no era necesaria. Nadie la ha pedido. En los baremos de delincuencia europeos, el Estado español es de los que tienen la tasa más pequeña (http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/balance_2013_criminalidad.pdf/562cc539-4a36-470f-8976-7dd305483e5b ). Además, de las 43.1670 manifestaciones celebradas en 2013, sólo se prohibieron 1682. Y hubo incidencias en menos de 700. En 2012 sólo se habían prohibido 294. Hubo un incremento del 472,22%. Naciones Unidas nos recuerda “cuando los gobiernos adoptan medidas reguladoras de los Derechos Humanos que tengan un impacto restrictivo, tienen la obligación de justificar su necesidad”. Y eso no ha sucedido en este caso.
- Porque es una ley donde se trasladan muchas de las faltas que se suprimen en el Código Penal; transformándose en infracciones administrativas pero sin las garantías que teníamos en el proceso penal (tutela judicial efectiva inmediata – ahora tenemos que finalizar la fase administrativa -, presunción de inocencia – que desaparece- y la obligación de pagar la multa correspondiente antes de recurrir – con lo que puede suponer de efecto disuasorio para muchas de nosotras).
- Y, finalmente, porque además, “por la puerta de atrás” se criminaliza la pobreza. ¿Por qué decimos esto?. Seguro que habréis comprobado, incluso en prensa y en redes sociales, que en casi ningún lugar se habla de cómo la “Ley Mordaza” va a afectar a las personas que están en la calle como elemento vital: personas en situación de sin hogar, de adicción, prostitución, trata… En el articulado de la norma se contienen infracciones muy severas (de miles de euros) para estas personas. Además, también se verá dificultada cualquier acción cívica que quiera poner sus situaciones en medio de toda la sociedad (actos de calle, manifestaciones, concentraciones etc) y concienciarnos.
Son sólo unos retazos de esta nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sonia Olea Ferreras
Equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas
Más información en:
http://www.plataformatercersector.es/