Derechos humanos y fiscalidad: un binomio necesario #EstoSiEsRiqueza

En España, la pobreza y la exclusión social se han disparado estos últimos cuatro años. Aun así se sigue sin abordar políticamente la injusticia que supone que una parte de las fortunas particulares y los beneficios de las grandes empresas engorden sus cuentas en paraísos fiscales, y que otra parte se agrupen en formas jurídicas que les eximen de sus obligaciones fiscales (las SICAV). La vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales está relacionada con la no redistribución de la riqueza o, en otras palabras, con los bajos niveles de presión fiscal y las estructuras impositivas sustentadas básicamente en impuestos indirectos (como el IVA o los impuestos especiales).

La crisis económica y de sistema ha puesto de relieve las muchas contradicciones entre las obligaciones contraídas a nivel internacional y su traducción en las políticas concretas de defensa y promoción de los derechos humanos. Los presupuestos de las administraciones han reducido de manera alarmante en los últimos años todas las partidas relacionadas con los derechos humanos: sanidad, educación, cooperación internacional… y tampoco han respetado los principios de equidad y progresividad con los que debería regirse el sistema fiscal, que constituye la base del artículo 31.1 de la Constitución española.

La Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos, advertía en 2013, en un consulta a los gobiernos que conforman Naciones Unidas para evaluar el régimen fiscal de los Estados, que «la política fiscal es relevante en la consideración de las cuestiones de derechos humanos y la extrema pobreza. Los bajos niveles de ingresos fiscales nacionales, en particular, podrían ser un obstáculo importante para el cumplimiento de la obligación del estado de garantizar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales». No es sólo el sentido común que nos dice que una fiscalidad justa nos enriquece y favorece al conjunto de la población, es Naciones Unidas, organización de la que se dotaron los propios estados para mantener la paz y la seguridad internacionales y garantizar los derechos humanos, quien nos lo recuerda.

La demanda de promover la movilización de recursos vinculada a los derechos humanos es antigua. Ya en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recogía: «Cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos».

En los últimos años, la ciudadanía, mediante mareas y plataformas varias, ha denunciado la gestión de la crisis, el aumento de las desigualdades y la supeditación de los derechos a los intereses de los mercados. Pero también ha elaborado propuestas para aumentar el gasto público, obteniendo los recursos necesarios a partir de los impuestos con criterios de justicia, igualdad y progresividad.

Es ahora que el Congreso discute los presupuestos, cuando la presión ciudadana es más necesaria que nunca para exigir una fiscalidad justa, con un sistema tributario y un gasto público que redistribuyan la riqueza y combatan las desigualdades, bajo los principios de transparencia y participación social. Es responsabilidad de las organizaciones sociales garantizar el control ciudadano permanente y constante, para asegurar una redistribución real, mediante reformas fiscales reales, que no eluda las responsabilidades de los estados en la promoción de los derechos humanos

Eulàlia Reguant i Cura, Lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global

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