¿Dónde tienen los españoles puesta su preocupación? Las últimas estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan la preocupación de la población por cuestiones que afectan a la sociedad de a pie de modo directo: el desempleo y las dificultades económicas que de él se derivan, la decadencia de la clase política y la corrupción a ella asociada, la sanidad y la educación, son respectivamente los principales desvelos que quitan el sueño a los españoles.
Estas preocupaciones de índole inicialmente económica, se han convertido en pesadas cargas para los ciudadanos, cargas que han adquirido una trascendencia social de gran calibre.
No se trata de impregnar de catastrofismo la conciencia ciudadana, pero sí de utilizar las plataformas que están puestas a disposición de la sociedad civil para dar voz al comprensible malestar que inunda a los ciudadanos. Es cierto que la crisis económica ha impuesto sacrificios y que genera situaciones indeseables que lógicamente, no se darían si la coyuntura socio-económica fuera diferente. Sin embargo, es momento de que esto deje de ser el escudo y parapeto que sirva como anillo al dedo a quienes tienen el poder para cambiar el modo de afrontar lo que está sucediendo.
Si el debate sobre la crisis y reestructuración del llamado Estado del Bienestar se viene arrastrando desde los 70, en los últimos años se ha reavivado de modo singular. Como apuntan esas estadísticas del CIS, el ciudadano no sólo se muestra profundamente preocupado por las estructuras del bienestar que hasta ahora se habían consolidado, sino que también expresa su decepción ante quienes, presuponiendo una especial vocación por el interés general, terminan por sucumbir ante esta ola de corrupción que parece estar azotando España en los últimos meses. Es preocupante que las portadas de los servicios informativos dediquen cada día una media de 15 minutos a esta cuestión. Es indignante que sea una infección crónica que no entiende de partidos, puesto que antes o después, salpica a la gran mayoría.
Pero, recuperando los demás datos revelados por las encuestas, educación, sanidad y desempleo, son objeto de desasosiego ciudadano permanente. En definitiva, los pilares del bienestar y la paz social.
No es desconocido a estas alturas que España posee un gasto medio en educación de los más bajos de la Unión Europea. Una carencia de inversión en este pilar del Estado del Bienestar no sólo trae consecuencias a nivel social (abandono escolar, dificultades de acceso al mercado laboral para los jóvenes…) sino que además, imprime una huella muy difícil de corregir en la economía. No en vano, se conoce a la educación como la principal herramienta sobre la cual sostener un modelo de crecimiento sostenible para un país a lo largo del tiempo. Y aunque fuera cierto lo que afirman muchos responsables políticos de que “no se trata de gastar más, sino mejor”, ésta parece ser la recurrente frase que en tiempos de crisis exculpa un modo incorrecto de abordar las cosas. De momento, los altísimos niveles de fracaso escolar entre los niños y adolescentes españoles, parecen indicar que sí es necesario gastar más, y además, hacerlo mejor.
Pero no solo la educación inunda la preocupación de los españoles, la sanidad ha sido objeto del más atroz de los recortes en los últimos meses. Entre algunas de las medidas más dañinas para la sociedad se encuentran las tajantes restricciones a la atención a personas inmigrantes, el fin de la financiación pública de más de 400 medicamentos de los que muchos enfermos españoles dependen de modo crónico, el cierre de plantas de ingresos en decenas de hospitales públicos españoles o la obligación de que los pensionistas deban cofinanciar los medicamentos que consumen a expensas de unas pensiones que, además de verse afectadas por medidas como esta, pierden, si cabe, mayor poder adquisitivo tras la no revalorización de las mismas con la subida del IPC. Lo cierto es que pese al reconocimiento de la asistencia sanitaria universal de nuestro sistema, la configuración legal del mismo excluye a determinados colectivos del derecho a recibir atención sanitaria. Cuando se lee esto, puede pensarse directamente en la medida por la cual hace pocos meses se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación de ilegalidad. Pero lo cierto es que hay más personas que se encuentran en potencial riesgo de exclusión social debido a la configuración legal del sistema sanitario. Y es que el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria recae en el Instituto Nacional de la Seguridad Social pese a que la financiación es netamente vía impuestos, por lo que para acceder a las prestaciones sanitarias es necesario demostración de afiliación a la Seguridad Social, o en su defecto, como consecuencia de la demostración de carecer de recursos. Pues en virtud de esta situación, hay un no desdeñable porcentaje de la población española que se queda fuera del sistema de asistencia sanitaria por no poder acreditar ni una ni otra situación.
Recientemente se ha conocido la noticia de que 1.200 pacientes fallecieron en un hospital público de Reino Unido entre los años 2005 y 2009 como consecuencia de la atroz austeridad que lideraba los recursos económicos del citado centro médico. ¿Habrá que llegar a esos extremos en España?
Lo cierto es que, como ya se sabe, a grandes males, grandes remedios. No se discute que los males que afronta la sociedad son grandes, la pregunta es, ¿por qué clase de grandes remedios apostamos?