Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo
Últimamente se habla mucho de la economía de la reputación, qué es lo que nos da valor. Aquí y allá se nos vende este concepto como el pilar de la acción exterior de nuestro país. Más allá de las alharacas que se escuchan, cabe preguntarse qué significa realmente ese concepto. El término “marca” corresponde al ámbito de la publicidad, está ligado al consumo y a la competencia entre iguales y se dirige a un público que se considera interlocutor en la medida que es consumidor. En el caso de la Marca España estas características quedan claramente reflejadas en su afán de ligarse directamente a los intereses económicos y empresariales –tal como se recoge en su página web.
Este enfoque resulta, cuanto menos, limitado. En un mundo interconectado como el actual, el diferencial proviene precisamente de contribuciones colectivas por el bien común y actuaciones responsables que garanticen la protección de los derechos humanos y el futuro digno de las personas. Esa, y no otra, debería ser la carta de presentación que enarbolara España. Una carta en la que, las ONG de Desarrollo podríamos aportar de manera sustancial.
Los retos actuales exigen respuestas globales de colaboración y no de competencia; actuaciones en las que la ciudadanía sea entendida como sujeto de derechos y no como consumidora. No se trata de vender nada, sino de construir de manera conjunta apostando por el bien común de manera radical. Si colocamos en el centro los intereses económicos y empresariales perdemos el foco; lo perdemos, sobre todo, si no se establecen límites muy claros de control y comportamiento. No olvidemos que el beneficio no siempre significa mejores condiciones de trabajo, respeto por el medioambiente o reparto equitativo de la riqueza.
Más que Responsabilidad Social Corporativa
Situar a las empresas como actores protagonistas de la política exterior de España exige el establecimiento de una línea roja claramente definida a través de un marco de regulación basado en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos. Principios éstos que van mucho más allá de la llamada Responsabilidad Social Corporativa, a la que las empresas se adscriben de forma voluntaria, ya que recogen normativa que es de obligado cumplimiento para aquellos países que han ratificado tratados de derechos humanos como es el caso de España. El objetivo de estos principios es el de “mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible”.
Aunque la solidaridad internacional y la AOD han sido reconocidas como un activo importante de la política exterior española tanto por el Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, como por el Secretario General de Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, o el Director de la AECID, López Dóriga, la realidad demuestra lo contrario. El valor que le dan a la política de cooperación en el discurso no se corresponde con la práctica. Mientras se enarbola a las empresas como la punta de lanza de la acción exterior española, se recortan los fondos destinados a cooperación hasta llevar a esta política casi al borde del desmantelamiento. Utilizar la situación económica en la que se encuentra España como excusa para no cumplir lo acordado no contribuye a la imagen de país. Estados en situaciones similares, como Reino Unido o Irlanda –que incluso fue rescatada- han mantenido e incluso aumentado sus presupuestos, demostrando que sí es posible.
Más de 30 años de historia avalan a la cooperación española, un sistema integrado por múltiples actores con una enorme experiencia a sus espaldas y con casos de relevancia internacional como el modelo de cooperación descentralizada tan propio del sistema español. La cooperación ha demostrado su rol relevante en el fortalecimiento de las relaciones internacionales con zonas estratégicas para la acción exterior española. Hemos acompañado a la sociedad civil en situaciones similares a las vividas por España en este momento en el que se están recortando los derechos humanos de una manera escandalosa; tenemos mucho que aportar tanto en nuestro propio país como fuera de él. Desaprovechar ese capital para constituirnos en un actor global responsable y colaborativo sería un error de una notable torpeza política.