En mi salón hay una mesa de comedor con espacio para ocho personas. Y aunque no lo había pensado hasta ahora, resulta que puedo invitar a cenar a la mitad de la riqueza del Planeta con tan sólo una mesa y ocho sillas. No sé qué les pondría de comer, pero sé que ocho hombres poseen la misma riqueza que los 3.600 millones de personas más pobres, incluidos aquellos 815 millones que comer, comen poco porque se mueren de hambre.
La riqueza obscena y la pobreza absoluta son las dos caras de una misma moneda; los dos bandos de un juego en el que todas las reglas acaban llevando el premio siempre a las mismas manos. Solucionar el problema, por lo tanto, pasaría por cambiar las normas del juego de la economía global, esas que no premian el trabajo sino la acumulación.
No obstante, hay que recordar que las reglas las hizo alguien, que las cosas no pasan por que sí. Que unos tengan cada vez más y otros vean cada vez más mermada su participación en la riqueza global, es el resultado de decisiones políticas que han reforzado dos tendencias que han caracterizado la macroeconomía de las últimas décadas: sistemas fiscales cada vez menos progresivos, es decir, en los que no pagan más impuestos los que tienen más riqueza, y salarios que crecen a un ritmo mucho menor del que crecen la productividad.
Sobre la primera de estas tendencias, la fiscalidad, la OCDE recomienda una serie de medidas para promover el crecimiento económico en momentos de crisis sin que aumente la desigualdad. Entre ellas recomienda que no se aumenten los impuestos al consumo y, desde luego, que no se reduzcan el impuesto de sociedades, de patrimonio o sucesiones. En España hemos pasado durante la crisis a tener un impuesto de sociedades más bajo que la media europea y que, por una serie de beneficios fiscales, tiene un tipo efectivo muy bajo. Ahora se recauda con este impuesto 20.000 millones menos que en 2017, y son los ciudadanos los que soportan mayormente las arcas públicas.
Pero hablando de impuestos, además, las reglas permiten que grandes empresas y fortunas las “estrujen” al máximo para reducir al mínimo los impuestos a pagar en las sociedades que les ayudaron a hacerse ricos, a través de, por ejemplo, la desviación de sus beneficios a paraísos fiscales. En 2015, la inversión mundial que se dirigió a las Islas Caimán fue casi tres veces superior a la que recibió China y siete veces la de Brasil. La Unión Europea deja de ingresar con las prácticas de elusión fiscal un billón de euros al año, el doble de lo que le cuesta la sanidad de todos sus habitantes.
Para evitar esto, llevamos tiempo recogiendo firmas de ciudadanos que se unen a nosotros para pedirle al Gobierno una Ley contra la Evasión y Elusión Fiscal, que combata el secretismo bancario, elabore un registro público con los verdaderos propietarios de las empresas y promueva la creación de un organismo fiscal mundial que controle que las grandes corporaciones pagan lo que les corresponde, y donde les corresponde.
Sobre cómo han evolucionado los salarios, la Organización Internacional del Trabajo lo explica claramente: mientras que trabajadores y trabajadoras han aumentado su capacidad de producir más bienes y servicios y de más valor, este aumento de la riqueza que generan no acaba en sus sueldos, si no en las llamadas “rentas de capital”, en empresarios y accionistas. En el caso español, esta tendencia, ha sido acelerada por las reducciones salariales que se produjeron durante la crisis, de forma que se han perdido 30.000 millones de euros en salarios, mientras los beneficios aumentaban en 14.000 millones.
Lo más cruel de la desigualdad extrema es que la historia nos enseña que aquellas sociedades más desiguales son aquellas en las que, además, la movilidad social está más limitada. En las que nacer pobre se parece mucho a una condena de por vida. Cáritas lo denunciaba al calcular que un 80% de los niños y niñas pobres de España, crecerán para ser adultos pobres. Futuro poco halagüeño para un país donde 1 de cada 3 niños y niñas vive en riesgo de pobreza.
Aumentar el salario mínimo hasta los 1.000 euros brutos en tres años, devolver el poder de negociación que antes de la última reforma laboral tenían los sindicatos o promover políticas, tanto en España como en Europa, que eviten la elusión fiscal y maximicen la capacidad redistributiva de nuestro sistema impositivo son medidas para las que no deberíamos esperar.
Y es que habrá que hacer algo urgentemente para evitar que haya niños que nazcan “etiquetados” y sin sueños viables, al tiempo que haya gente que, al otro lado de las mismas reglas, siga empachándose. Habrá que asegurarse de que no sean siempre los mismos los que le susurran cosas al oído a los políticos, y que cambien las personas invitadas a la mesa para que, ahora sí, ganemos todos. Una economía para el 99%.
Liliana Marcos, Especialista en Desigualdad de Oxfam Intermón